Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, dimitió a última hora de la tarde de ayer como integrante de la comisión para la reforma de la financiación autonómica. Con su renuncia, Monasterio, expresa su rechazo y disconformidad con el acuerdo bilateral alcanzado por el Gobierno del Partido Popular (PP) con el ejecutivo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) sobre el concierto vasco y el importe del cupo, y su discrepancia con que este pacto se haya negociado al margen y sin conocimiento del comité de especialistas al que el Consejo de Ministros había encomendado el 10 de febrero la elaboración de una propuesta para la revisión del modelo de financiación tanto para las comunidades de régimen común como par las dos forales (País Vasco y Navarra).

"Esto es una burla a la comisión. Si nuestra opinión se considera prescindible, yo no voy a ser un títere ni a formar parte de una cofradía de gente irrelevante. Tengo más cosas que hacer y una dignidad como persona y como investigador que no puedo exponer a este falseamiento", dijo Monasterio.

El catedrático asturiano, que fue designado por el Gobierno de Rajoy a propuesta del ejecutivo de Asturias, discrepa no sólo del procedimiento, sino también de los términos en los que el concierto vasco ha sido revisado en el pacto entre el Gobierno español y los nacionalistas vascos, y por cuyo acuerdo el ejecutivo de Mariano Rajoy se garantiza el apoyo del PNV al proyecto de presupuestos generales del Estado para este año.

A juicio de Monasterio, la revisión del sistema vasco en los términos en que se ha hecho consagra una posición de ventaja por el que "el nivel de financiación de las comunidades forales es significativamente mayor que el de las de régimen común", lo que explica, a su juicio, que las regiones de mayor nivel de renta relativa que están sometidas al modelo general (Cataluña y Madrid) aspiren a un trato análogo al foral.

La comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica, que se constituyó el 23 de febrero bajo la presidencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se creó por un acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y los autonómicos en la Conferencia de presidentes del 17 de enero, a la que también asistió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El equipo de especialistas, integrado por expertos designados a propuesta del Gobierno central y de los de las comunidades y ciudades autónomas, comenzó sus trabajos el 23 de febrero y dispone de un plazo de seis meses (hasta agosto) para concluir su dictamen. El informe final, que no tendrá carácter vinculante, será aportado al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el foro en el que las administraciones central y periféricas deberán consensuar el futuro sistema.

En su carta de renuncia, dirigida al presidente de la Comisión (Manuel González Sánchez), el profesor Monasterio atribuye su dimisión a haber tenido conocimiento por la prensa del acuerdo entre los Gobiernos central y vasco "para revisar aspectos relevantes del sistema foral, entre ellos la determinación del cupo". "Dado que dicha revisión se ha llevado a cabo sin ninguna información ni consulta a la Comisión para la reforma de la financiación autonómica, creada por acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 10 de febrero, considero que ello es una clara muestra de que el parecer de dicha comisión se estima irrelevante".