Un total de más de 7.000 millones de euros: ese es el coste para las arcas del Estado del apoyo de los votos de los partidos nacionalistas necesarios para que el Gobierno de Mariano Rajoy saque adelante los presupuestos de 2017. Toda esa cantidad se resume en apenas siete votos, lo que supone aproximadamente una concesión de mil millones por cada uno de los diputados que respaldan las cuentas del gobierno del PP más allá de los apoyos del propio grupo parlamentario popular y de Ciudadanos, que ha alcanzado un acuerdo estable de legislatura con el ejecutivo de Mariano Rajoy.

En estas cuentas es, sin duda, la concesión a la reclamación del nacionalismo vasco la que más escuece. Lo hace entre partidos de distinto signo y también entre los expertos académicos. Así se entiende la decisión del catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio, de dimitir como integrante de la comisión de expertos encargados de establecer prioridades en la nueva financiación autonómica.

El necesario apoyo del PNV a las cuentas del PP tiene un coste claro. El gobierno de Mariano Rajoy ha decidido devolver a la administración vasca 1.400 millones. Pero además, el Ejecutivo acordó una rebaja anual del Cupo de unos 569 millones de euros. Y el gobierno de Mariano Rajoy inyectará 3.380 millones de euros para el tren de alta velocidad del la denominada "Y" vasca: la red de altas prestaciones de Euskadi. A esta cantidad se suman los 169 millones de euros que el Ministerio de Fomento abordará en obras de infraestructuras de acceso y logística en los puertos vascos.

Y aún más. El gobierno de Rajoy se ha comprometido a reformar la tarifa eléctrica industrial para permitir que las empresas vascas ahorren 50 millones de euros anuales en su factura de la luz. Los vascos denunciaban que su competitividad industrial se había visto lastrada en los últimos años. La misma situación han expuesto las grandes empresas asturianas (Arcelor, Alcoa, Azsa) sin que a ellas se les haya dado una respuesta tan taxativa e inmediata.

Pero la nota de gastos por sacar adelante las cuentas no se limita al PNV. Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canaria de quien depende la aprobación de las cuentas ya ha puesto precio a su voto: más de 450 millones de euros, que se suman a los 452 millones de euros que el gobierno canario ya había conseguido de mano en el borrador presupuestario. De hecho, el archipiélago constituye la única comunidad autónoma en la que han aumentado las previsiones en infraestructuras.

Y aunque no están directamente incluidos en el coste de los apoyos nacionalistas a las cuentas de Rajoy, conviene recordar los 4.200 millones de euros que los Presupuestos incluyen para Cataluña con el fin de atenuar la exaltación de la demanda nacionalista. Se trata de una cifra muy superior a la de anteriores ejercicios.

En definitiva, la suma de los ajustes que el Partido Popular ha tenido que realizar en sus cuentas para el Estado para lograr el apoyo de siete diputados (5 del PNV, uno de Nueva Canaria y uno de Coalición Canaria) supera ampliamente los 7.000 millones. A estos se añaden los diputados de Ciudadanos, en coalición estable de respaldo parlamentario con el PP, dos de UPN (Unión del Pueblo Navarro) y uno de Foro, el asturiano Isidro Martínez Oblanca. Ese es el "tributo nacionalista" a las cuentas.