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Fractura en la comisión de expertos de la financiación tras dimitir Monasterio

El acuerdo del Gobierno y el PNV "ignora nuestro trabajo", critican algunos miembros De la Fuente: "El pacto no interfiere en el encargo"

Ángel de la Fuente.

El acuerdo entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para sacar adelante las cuentas nacionales a cambio de sustanciales rebajas en el llamado cupo vasco (el dinero que esta comunidad paga al Estado por las competencias no transferidas) ha abierto una importante brecha en la comisión de expertos que discute y trata de poner en orden la reforma de la financiación autonómica, según pudo comprobar ayer LA NUEVA ESPAÑA tras consultar a numerosos integrantes. La falla más evidente fue la dimisión del catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio, pero otros miembros también han expresado su malestar con la maniobra del Ejecutivo de Mariano Rajoy, y aseguran que este pacto echa por tierra parte de su trabajo y ayudará a incrementar la desigualdad territorial en España.

"A mí el acuerdo sobre el cupo vasco me irrita porque ignora nuestro trabajo e incrementa las diferencias entre comunidades, y me consta que otros miembros de la comisión piensan de forma parecida", asegura uno de los catedráticos que está participando en estas reuniones. La renuncia de Monasterio ha pillado con el pie cambiado a muchos de ellos, que destacan la importante aportación del asturiano en las reuniones, así como su enorme labor a la hora de tratar de encajar las piezas del sistema financiero regional. "Tiene unos profundos conocimientos del sistema y de la Hacienda Pública, además de un talante dialogante", añade.

El otro asturiano que forma parte de esta comisión, a propuesta del Estado, Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), asegura que "respeto la decisión de Carlos Monasterio, comprendo su cabreo y comparto muchas de sus razones. Sin embargo, entiendo que el tema foral está fuera del núcleo del encargo que se nos ha hecho, que es hacer propuestas para la reforma del sistema de financiación de régimen común, y por lo tanto no me parece que el acuerdo presupuestario interfiera con nuestro encargo o suponga un menosprecio a nuestro trabajo".

Aún así, muchos de sus compañeros aseguran que habrá que hacer algún que otro tachón sobre las cuentas que ya se habían puesto sobre la mesa. El grupo de expertos tiene previsto presentar sus primeras conclusiones durante el mes de julio, aunque algunos miembros de la comisión reconocen que el acuerdo entre el Gobierno y los nacionalistas vascos sobre el cupo les obligará a desandar parte del camino ya recorrido y tener que volver a reescribir muchos cálculos. En el pacto entre el Ejecutivo y estas fuerzas políticas se recoge que los Presupuestos Generales destinarán unos 7.000 millones al País Vasco. La partida más importante será para dar un impulso a las obras de alta velocidad (con unos 3.300 millones), pero un buen pellizco se lo llevará también el tijeretazo del cupo vasco, cifrado en 2.200 millones, a razón de unos 569.000 durante los próximos cuatro años. Todo a cambio del voto favorable de los cinco diputados del PNV.

También los canarios conseguirán una parte importante del pastel presupuestario a cambio del respaldo de Nueva Canarias y Coalición Canaria. Se llevarán a las islas casi mil millones de euros.

Ángel de la Fuente reconoce que "desde el punto de vista de la equidad territorial", el principal punto de fricción y que ha acarreado la dimisión de Carlos Monasterio, "hubiera sido muy preferible un acuerdo presupuestario que dedicase los recursos que ahora se llevarán los nacionalistas vascos y canarios a mejorar la financiación de las comunidades peor tratadas del sistema actual". Y añade que: "No tengo muy claro que todos los que ahora se quejan del acuerdo alcanzado hayan trabajado para hacer posible una alternativa en esta línea".

Otros miembros de la comisión sostienen, sin embargo, que va a ser difícil de explicar a los ciudadanos la desigualdad que se puede producir entre los territorios españoles fruto del acuerdo alcanzado por el Gobierno con los vascos y canarios. "En el encargo de la comisión no está el sistema foral, sólo el común. Pero no se puede saber qué pasará en el futuro", añade uno de los integrantes.

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