La sentencia del "caso Marea" es inminente -el próximo día 22 vence el segundo plazo de exención de reparto ordinario de ponencias solicitado por el magistrado Francisco Javier Rodríguez Santocildes para terminar de redactar el fallo-, pero uno de los empresarios implicados, Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, se enfrenta a problemas añadidos. El lunes que viene se inicia en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo el juicio que tiene pendiente por delito fiscal, en el que se enfrenta a penas de hasta ocho años y medio de prisión. Otros de los empresarios acusados en el "caso Marea", Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín (Apsa), ya fue condenado antes del juicio a ocho años de prisión, por delitos similares a los de Muñiz.
Tanto la Fiscalía como el Abogado del Estado consideran a Muñiz responsable de hasta cinco delitos de fraude, tres por el impuesto de sociedades correspondiente a los ejercicios de 2006, 2007 y 2008, y otros dos por fraude del IVA de los ejercicios 2007 y 2008. El importe de los defraudado alcanza la cifra de 1.288.390,78 euros, de los cuales 1.029.069,18 euros corresponden al impuesto de sociedades y el resto, 259.321,6 euros, al del IVA.
Penas más duras
El Abogado del Estado es el que pide penas más duras para Muñiz, en concreto ocho años y medio de prisión, frente a los seis años y tres meses de cárcel que reclama el ministerio público. Las dos acusaciones solicitan que se impongan al acusado multas por casi 1,3 millones de euros, el importe de lo defraudado, así como el pago de una indemnización por una cantidad similar. La defensa, a cargo de Miguel Valdés-Hevia, pedirá la absolución.
La defensa considera que los hechos que se dirimen en este juicio ya se vieron en el juicio del "caso Marea", que se desarrolló entre el 5 de abril y el 29 de julio del año pasado, y que por tanto Muñiz va a ser juzgado dos veces por los mismos hechos. La misma queja expresó Alfonso Carlos Sánchez durante su declaración en el juicio del año pasado.
Este juicio por fraude fiscal llega casi siete años y medio después de iniciarse las investigaciones del caso, en enero de 2010. En el "caso Marea", la demora en las decisiones es la tónica habitual. El juicio no se inició hasta seis años después de que se abriese la instrucción. La sentencia ya se está demorando diez meses, desde que finalizó el juicio. Algunos letrados la esperaban para octubre del año pasado, considerando más que suficiente un plazo de tres meses para elaborarla. Pero el fallo se ha ido retrasando.
En el "caso Marea", Muñiz se enfrente a penas de entre los nueve años (la pena solicitada por el fiscal) y los treinta que pidió la acusación popular ejercida por AVALL. Las defensas dan por descontada una condena de los siete principales acusados, por lo que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo para anular las actuaciones, al considerar que se vulneraron los derechos fundamentales de los implicados con las escuchas ordenadas por el Juzgado número 4 de Gijón.
