El intercambio pactado entre el Gobierno y el PNV, apoyo nacionalista a los presupuestos a cambio de rebajas en el "cupo vasco" -los pagos que esta autonomía ha de hacer al Estado por las competencias no transferidas-, no estará completo, tal y como lo ve el Gobierno del Principado, si no genera una contrapartida adicional. Asturias pedirá ser compensada con más recursos si las autonomías del régimen foral salen de ésta beneficiadas con una mejora en sus condiciones financieras que perjudique al resto. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, entró en el asunto ayer dando por cierto que una vez sustanciado el acuerdo sobre el cupo ya no cabe poner en duda que existe una insuficiencia financiera" en ese "resto de las comunidades" que no son Euskadi ni Navarra. O que ésta será mayor si ahora crece la disponibilidad de las forales, o que, llegando al final, a la exigencia de compensaciones, "si ellas disponen de más recursos, las de régimen común vamos a necesitar también muchos más para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos".

En pleno proceso de reforma de la financiación autonómica, la titular de Hacienda menciona el riesgo de que el nuevo escenario comprometa la prestación de una cartera de servicios equivalente en todo el país y vuelve sobre el mantra del Gobierno del Principado cada vez que se toca el concierto vasco. No se cuestionan los regímenes forales, consagrados en la Constitución, pero sí la necesidad de "revisar los resultados financieros que producen", habida cuenta de las diferencias entre territorios que generan. Es otra versión de eso que tantas veces ha repetido el presidente del Principado de que el problema del concierto no es tanto su formulación teórica como su "método de cálculo".

El caso es que el acuerdo sobre el cupo a cambio del voto del PNV a los presupuestos del Estado amenaza ya la estabilidad del grupo de expertos que analiza la reforma del modelo de financiación autonómica, donde ya no está, disconforme con este movimiento, el representante designado por el Principado. Dolores Carcedo defendió ayer el nombramiento de Carlos Monasterio en atención a "su experiencia y su conocimiento en la materia" y a su condición de "profesional de indiscutible prestigio e independencia" mientras en la Junta seguían resonando las dudas de parte de la oposición. A las críticas de falta de consenso en el nombramiento replica la Consejera que el Gobierno tomará la decisión sobre el sustituto comunicando la "propuesta" a los grupos parlamentarios, pero hay algunos que van a sostener la crítica.

La presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, repitió ayer "lamentable" para reprochar que no se les consultase y reincidió en su impresión de que Monasterio "tenía un perfil elevadísimamente político" antes de reclamar como sustituto a "un experto que quiera barrer para casa con criterios técnicos". En el resto del hemiciclo, Gaspar Llamazares (IU) pide "respeto" para la decisión del hacendista y acusa al PP de politizar el debate financiero mientras el portavoz de Podemos, Emilio León, constata que el PP pretendía desde el principio "desequilibrar" el modelo de financiación. Cristina Coto (Foro) reincide sobre el nombramiento "político" y añade que, si no estaba de acuerdo, Monasterio "podría haber planteado una propuesta alternativa", y Nicanor García (Ciudadanos) denuesta el "doble juego" del PP, por un lado una comisión de expertos para reformar el sistema y por otro la negociación de un cupo "privilegiado" en exclusiva para determinadas regiones.