Más de mil arrendadores de pisos y casas han legalizado su negocio turístico en Asturias desde la entrada en vigor, en agosto de 2016, de un nuevo decreto para regular la actividad de viviendas privadas. La norma no sólo ha esquivado los tribunales al ser menos restrictiva que la de otras comunidades, sino que además sirve de modelo a regiones como Cataluña o Baleares. En el Principado están dadas de alta a día de hoy 795 viviendas vacacionales (casas que se arrendan íntegramente y no por habitaciones) y 249 viviendas de uso turístico (pisos que se pueden alquilar al completo o por dormitorios), que hacen un total de 1.044. La mayoría de ellas se concentran en Gijón, Llanes y Oviedo. El balance regional es positivo, pero no así el nacional. Las plataformas de alquiler turístico Airbnb y HomeAway denuncian el laberinto legal al que están sometidas y piden una regulación homogénea del sector en España.
Actualmente, cada región tiene su propia norma para poner fin a los alquileres pirata. Y de momento el Gobierno central no tiene pensado intervenir. "Las comunidades autónomas tienen las herramientas para decidir en este campo. No pensamos que este problema se tenga que resolver a través de una modificación de la Legislación de Arrendamientos Urbanos (LAU)", aseguró hace semanas el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El problema es que muchas de las regulaciones aprobadas en las comunidades están en constante cambio. Unas lo hacen para dar cumplimiento a sentencias judiciales y otras simplemente para mejorar sus normas. La consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado presentó el año pasado el decreto bajo la premisa de "regular y garantizar la calidad y seguridad de la actividad" pero "no de poner trabas" al sector turístico. En este sentido, y a diferencia de otras comunidades como Madrid, no impuso un período mínimo de alquiler y permite arrendar habitaciones por tan solo un día.
Esa flexibilidad ha evitado que el Principado se vea inmerso en procesos judiciales, como los que afrontan la mayoría de regiones. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ya anunció que denunciará a la Xunta de Galicia, que aprobó este mismo mes una norma para viviendas turísticas. Por su parte, en Baleares y en Cataluña, que también tuvieron que dar marcha atrás en su día por sentencias, están en tramitación la modificación de sus leyes actuales, muy parecidas a la del Principado. En Cataluña por ejemplo se tendrán que registrar todos los pisos y habitaciones a alquilar. Y en Baleares, los bloques de pisos necesitarán una licencia y el permiso del resto de vecinos para realizar su actividad. Todos ellos requisitos que recoge el decreto asturiano.
La norma regional exige a los arrendadores dar de alta su actividad en el registro de empresas y actividades turísticas del Principado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que exige el documento. Las más importantes: contar con un seguro de responsabilidad civil, garantizar reservas y cancelaciones, realizar un contrato en el que queden reflejados los datos del cliente, publicar los precios y las fechas de aplicación, disponer de habitaciones con iluminación natural y ventilación y exhibir la placa con el código concedido por la Consejería. Los más de mil pisos y casas registradas están sometidos a inspecciones y en el caso de no cumplir los requisitos anteriores, a multas desde 60 euros hasta el cese del negocio.
