La eliminación de los polémicos acotamientos en Asturias podría ser inconstitucional, según advierte el Ministerio de Agricultura. La directoral general de Desarrollo Rural y Política Forestal, Esperanza Orellana Moraleda, avisa que la reciente modificación de la ley de montes regional, la cual permite el pastoreo en terrenos incendiados, contratadice a la norma estatal en la medida en que "reduce los estándares mínimos ambientales" de protección del suelo. Por ello, dice el Gobierno central, "es evidente que cabe plantear recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional". Y en el caso de que se demostrase que la normativa autonómica produce efectos irreparables, "debería además instarse la suspensión de la ley autonómica", añade Orellana en un informe jurídico.

La directora general de Política Forestal detalla en dicho escrito, dado a conocer por la plataforma ecologista "Por los acotamientos", "corresponde al Estado dictar la normativa básica y a las comunidades autónomas establecer las medidas adicionales de protección que consideren dentro del respeto a la propia normativa básica". "Lo que no pueden en ningún caso -explica Esperanza Orellana- es rebajar los estánderes mínimos de protección ambiental pues ello convendría la normativa básica". Y eso es lo que sucede en Asturias, tras aprobar el pasado mes de marzo la Junta General del Principado una iniciativa del PP -apoyada por todos los grupos, excepto Podemos- para cambiar la ley regional de montes y eliminar los acotamientos al pastoreo en terrenos quemados.

"La norma estatal obliga a la comunidad autónoma adoptar las medidas necesarias para restaurar la cubierta vegetal incluyendo el acotamiento temporal de la zona incendiada de forma que impida la realización de actividades incompatibles con la regeneración del suelo", indica el Ministerio de Agricultura. En este sentido, asegura que "la admisibilidad del pastoreo como práctica compatible generalizada durante el primer año tras el incendio prevista por el legislador autonómico contraviene la normativa ambiental en la medida en que reduce los estándares mínimos ambientales exigidos por el legislador estatal". En consecuencia, "y puesto que previsiblemente va a iniciarse un proceso de recurso", el Gobierno central recomienda al Principado "examinar la posibilidad de modificar la ley autonómica antes de que se produzca un procedimiento jurídico que alargaría el asunto y redundaría en dificultades para todos".

A este respecto, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, dijo esta mañana en el Consejo de Gobierno no conocer el contenido del informe, aunque sí tenían constancia de que el Ministerio de Agricultura estaba analizando la modificación de la ley regional. Martínez recordó que el fin de los acotamientos fue aprobado por mayoría en la Junta, aunque la iniciativa fue presentada por el Partido Popular.