Tal como advertía LA NUEVA ESPAÑA en sus páginas de ayer, el error del magistrado Ángel Sorando en la instrucción del procedimiento fiscal derivado del "caso Marea" contra los dueños de la empresa Igrafo, ha tenido sus consecuencias. La magistrada María Paz González-Tascón, titular del Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo y encargada de juzgar a los dueños de Igrafo por fraude fiscal, decidió en la mañana de ayer anular el juicio y convocarlo de nuevo al considerar que falta la prueba esencial en el proceso, un anexo de unas mil páginas con más de 200 facturas que acompañaba al informe de los expertos de Hacienda. Sin esta prueba, la jueza se hubiese visto obligada a absolver a los acusados, los hermanos Víctor Manuel y José Roberto Muñiz.

El problema es que la jueza rechazó la incorporación de esa prueba en el momento procesal oportuno, esto es, al principio del juicio, que se inició el pasado lunes Tal como explicó en la mañana de ayer a los letrados de las defensas y la acusación, en ese momento creyó que esa prueba tan importante no podía no estar en el procedimiento. Pero fue anteayer jueves cuando constató que efectivamente no estaban las facturas en los autos. Ahora convocará un nuevo juicio para julio o septiembre, una vez que se incorporen los anexos.

La cuestión es compleja. Los trámites procesales para presentar pruebas están muy tasados. Las facturas debieron incorporarse en el momento de la instrucción, a cargo de Sorando. La jueza salió ayer en su defensa, indicando que Sorando había ordenado que las facturas se incorporasen, pero no se sabe si el funcionario de turno olvidó incluirlas en los autos. En cualquier caso, creen fuentes jurídicas, sigue siendo responsabilidad de Sorando el haber comprobado que esa documentación se hallaba en la causa. Los documentos están foliados, y a continuación del informe de Hacienda, al que deberían seguir las mil páginas de facturas, se salta a otra resolución, sin solución de continuidad.

Por otro lado, las facturas pudieron incorporarse más tarde, por parte de las acusaciones. Pero tampoco se hizo. Solo el fiscal que se hizo cargo del caso últimamente, Enrique Valdés-Solís, se percató de la ausencia de las facturas y trató de subsanarlo en el momento procesal oportuno, esto es, al inicio del juicio, este lunes. Pero en ese momento, la magistrada no creyó oportuna su inclusión.

Las defensas de los hermanos Muñiz consideran que se están vulnerando sus derechos fundamentales con la última decisión de la jueza, ya que solo cabe dictar una sentencia absolutoria. Si se repite el juicio con las facturas, pedirán la nulidad y su repetición, por tercera vez, esta vez sin los documentos que deberían haberse incluido en la causa mucho antes. Y si se dicta condena, recurrirán hasta las últimas consecuencias. "Alguien nos dará la razón", indicó el letrado de Víctor Manuel Muñiz, Miguel Valdés-Hevia.