La anulación del juicio por fraude fiscal contra los hermanos Víctor Manuel y José Roberto Muñiz, dueños de Igrafo, ya tiene su primera reacción. El letrado de la defensa, Miguel Valdés-Hevia, presentará mañana lunes o el martes un escrito de recusación contra la magistrada María Paz González-Tascón, del Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, quien decidió anteayer viernes repetir el juicio para que sean incluidos en el procedimiento los anexos con más de 200 facturas en las que se basan las acusaciones. Estos documentos, esenciales para sostener la acusación, no obran en los autos -derivados de la investigación del "caso Marea" de corrupción en la Administración del Principado- por un error en la instrucción llevada a cabo por el juez Ángel Sorando, anterior titular del Juzgado número 2 de Oviedo.
La defensa de los dueños de Igrafo considera que la magistrada González-Tascón ha podido incurrir en una "pérdida de independencia e imparcialidad", al tomar una decisión que beneficia única y exclusivamente a las acusaciones que ejercen la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Al no haberse incluido las facturas en el momento procesal oportuno, a la magistrada solo le que quedaba dictar una sentencia absolutoria, al no existir prueba alguna de los posibles delitos, por los que los acusados se enfrentaban a penas de hasta ocho años y medio de prisión.
La defensa de Igrafo indica que se ve obligado a recusar a la jueza, y no descarta seguir tomando las medidas que considere oportunas, conforme se vayan desarrollando los acontecimientos. Ya indicó el viernes que, de celebrarse el juicio con las facturas no incluidas en el momento oportuno en la causa, pediría la nulidad del mismo y su nueva celebración -sería la tercera-, ya sin las facturas. La magistrada González-Tascón indicó el viernes que convocará el nuevo juicio en julio o septiembre.
Las facturas tenían que haberse incluido en el procedimiento durante la instrucción. La juez indicó el viernes a las partes que Ángel Sorando ordenó su inclusión, para luego señalar que pudo haber un error por parte de un funcionario. No obstante, fuentes jurídicas indican que, aún así, el magistrado debería de haber subsanado el error. Las facturas pudieron incluirse en la causa más tarde, a instancias de las acusaciones.
El nuevo fiscal del caso, Enrique Valdés-Solís se dio cuenta del error y de las consecuencias negativas que podría tener, y por eso intentó incluir los documentos en la primera jornada del juicio. La magistrada, sin embargo, rechazó tal pretensión, en la creencia de que las facturas no podían no estar en los autos.
Durante el juicio, la defensa no dejó de hacer notar que esos documentos -a los que por otro lado había tenido acceso por estar incluido en la causa madre del procedimiento por delito fiscal- faltaban de los autos. Solo el jueves, después de un enfrentamiento en la sala con el letrado de la defensa -al que la magistrada llegó a advertir de que podría estar incurriendo en fraude de procesal "total y absoluto"-, la jueza cayó en la cuenta de que, efectivamente, las facturas no estaban.
El viernes tocaba la última jornada del juicio, los informes finales de las partes, y la conclusión de la vista oral. Sin embargo, la jueza se reunió previamente con los letrados para explicarles la decisión que estaba a punto de tomar, la de anular el juicio y repetirlo, ya con las facturas incluidas en la causa. Apeló al interés de las dos partes para celebrar un juicio justo. Fuentes jurídicas indicaron que no conocen un caso en el que se haya dado esta concatenación de circunstancias.
