El exsindicalista José Ángel Fernández Villa se trasladó ayer por la mañana hasta los juzgados de Oviedo para ser sometido a un examen forense en el que se valorará su capacidad para declarar como investigado en la "operación Hulla". Villa había sido citado a declarar en el Juzgado número 3, pero su letrada presentó un escrito en el que argumentó que el exlíder minero no está en condiciones de comparecer. Como en el otro proceso que tiene abierto, Villa ha adoptado la estrategia de que está muy enfermo. Los forenses lo examinaron durante algo más de media hora, y después salió acompañado de su mujer y sus hijos.

Apoyado continuamente en dos personas, sus piernas temblorosas, la boca abierta y la mirada a momentos perdida evidenciaban un avanzado deterioro físico respecto del pasado mes de marzo, cuando tuvo que acudir al Juzgado para declarar por un presunto delito de apropiación indebida.

Los familiares de Villa fueron los primeros investigados que pasaron ayer por el Juzgado número 3 de Oviedo, dentro de la "operación Hulla", después de haber acudido en la tarde del martes al cuartel de la Guardia Civil en El Rubín de Oviedo. Tanto la esposa de Villa, María Jesús Iglesias, como sus hijos, Rolando y Ángela Fernández -quienes trabajaron para el Montepío, el primero como director del geriátrico de Felechosa-, acudieron poco antes de las diez de la mañana al Palacio de Justicia acompañados de su letrado, Ricardo Álvarez-Buylla, y su procuradora, Laura Fernández-Mijares. En el juzgado de la magistrada Begoña Fernández les esperaba un fiscal de Anticorrupción llegado de Madrid. La comparecencia, sin embargo, fue muy breve: los tres se negaron a responder a las preguntas del ministerio público, con la excusa de que las actuaciones son secretas y no pueden conocer los motivos por los que son investigados, lo que les deja en una situación de indefensión. Igual que el día anterior en el cuartel de la Guardia Civil.

La primera en pasar fue María Jesús Iglesias, que se ayudaba con un bastón. Apenas estuvo diez minutos en el interior del Juzgado. Le siguieron Ángela y Rolando Fernández, que estuvieron un tiempo similar ante el fiscal Anticorrupción. Antes de las once y media de la mañana abandonaban los Juzgados en medio de una nube de periodistas, sin pronunciar una sola palabra. El letrado solo adujo que el sumario era secreto y no podía facilitar información.

La Fiscalía investiga si pudieron beneficiarse de los fondos distraídos de las obras del geriátrico de Felechosa. Y en medio, la polémica que envolvió la ruinosa gestión de Rolando Fernández al frente del geriátrico, según denunció el presidente del Montepío, Juan José Pulgar. El hijo de Villa tenía un contrato de 50.000 euros brutos al año, con un blindaje por despido de 80.000. Pulgar le destituyó como gerente, aunque le mantuvo como supervisor, bajándole el sueldo. Rolando Fernández respondió cogiendo la baja. Antes de llegar a juicio llegó a un acuerdo con la mutualidad por la que dejaba la misma a cambio de 19.500 euros, lejos de los 80.000 que establecía el contrato.