Quince millones de euros. Esa es aproximadamente la cantidad que la Fiscalía Anticorrupción calcula que se podrían haber distraído de los fondos mineros destinados a la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa, en el concejo de Aller, según confirmaron fuentes próximas al caso. Es decir, casi la mitad de lo que costó el complejo, que tenía un presupuesto inicial de unos 30,5 millones de euros y acabó costando unos 32,5. Las investigaciones se extienden desde el año 2008, cuando se inició la construcción del inmueble, hasta 2012, cuando se realizaron los últimos pagos, siempre según las mismas fuentes.
La jueza instructora, Begoña Fernández, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo, levantó ayer el secreto de sumario sobre las tres y media de la tarde, lo que provocó la sorpresa e incluso el malestar entre los representantes legales de los cuatro detenidos en el "caso Hulla", puestos en libertad en la madrugada del jueves al viernes. Primero, porque se les había anunciado que no se levantaría hasta la semana próxima, y segundo, porque al ser viernes por la tarde el Juzgado estaba cerrado y no podrán acceder a la documentación hasta el lunes.
Entre la documentación figura ya el informe forense en el que se dilucidará si el exlíder minero José Ángel Fernández Villa, está en condiciones de declarar o si, por el contrario, su deteriorado estado de salud se lo impiden. Sus representantes legales tendrán que esperar también hasta el lunes.
Las fuentes consultadas indicaron que se trata de "cientos de folios, no se sabe cuántos", pero todos complejos y con datos "seguramente discutibles entre las partes".
Uno de ellos es cuánto dinero, según Anticorrupción, salió supuestamente de la ayudas públicas correspondientes a los fondos y que "se distrajo" por el camino. O dicho de otro modo, cuánto se repartieron, supuestamente, los presuntos principales implicados en la "operación Hulla": José Ángel Fernández Villa, exsecretario general del SOMA; José Antonio Postigo, expresidente del Montepío; Juan Antonio Fernández, dueño de la constructora Alcedo de los Caballeros; Manuel Sastre, el arquitecto, y José Manuel Fernández, exasesor financiero del Montepío de la Minería hasta que fue despedido en 2014 por la nueva directiva.
"Quince millones de euros es una cuantía que a todas luces parece exagerada. Es muy difícil distraer la mitad del coste total de una obra de esa cuantía y ese tamaño", explicaron las mismas fuentes. Esa cuantía explicaría, según otras fuentes, que los fiscales anticorrupción que se desplazaron desde Madrid, Carmen García Cerdá e Ignacio Stampa, solicitaran, además de prisión, un millón de euros de fianza para Postigo y para el constructor, Juan Antonio Fernández.
