El dueño de la constructora Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández, que se encargó de levantar la residencia geriátrica de Felechosa para el Montepío de la Minería, negó que hubiera habido partición de contratos y mucho menos mordidas, como investiga la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes próximas al caso indicaron que parte de las pesquisas para averiguar cómo se produjo el desvío de dinero procedente de los fondos mineros se centró en dividir el contrato principal en contratos menores y ofrecérselos a empresas más pequeñas, que a cambio de conseguirlos tendrían que pagar un porcentaje como mordida o comisión. Incluso indicaron que algunas sociedades a las que se les ofreció participar lo habían rechazado al conocer las condiciones.
Este extremo se le habría preguntado al propio Juan Antonio Fernández en su declaración ante la jueza Begoña Fernández y los fiscales anticorrupción, y él lo habría negado.
El Montepío
El constructor y el Montepío de la Minería están en otro litigio, en este caso civil, al reclamarle la mutualidad unos 2,2 millones de euros por defectos en la construcción de la residencia de Felechosa, por utilizar materiales de inferior calidad a la que figuraba en el proyecto e incluso, según una de las auditorías de la fundación, por cobrar trabajos que no se ejecutaron.
Juan Antonio Fernández no ha negado que pueda haber defectos, pero sí que alcancen la cuantía que reclama el Montepío, además de negar que no se hayan ejecutado los trabajos facturados y cobrados.
El Montepío de la Minería tiene además pendientes de cobrar del Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras (IRCM) otros 3,3 millones de euros correspondientes a la última fase de construcción del geriátrico de Felechosa, que se entregó en diciembre de 2011 y empezó a funcionar en 2012.
