"El geriátrico de Felechosa es el paradigma de todos los males y ejemplifica cómo se gestionaron los fondos mineros", asegura Ignacio Prendes, diputado nacional de Ciudadanos y vicepresidente del Congreso. A finales del año 2014 y principios de 2015 presidió, siendo diputado regional, la comisión parlamentaria de la Junta que trató de dilucidar el origen de la fortuna oculta de José Ángel Fernández Villa. Después de que la UCO haya iniciado esta semana una gran operación sobre la obra del geriátrico del Montepío en Felechosa, Prendes critica con más intensidad que PSOE y PP se negasen a aprobar el dictamen de conclusiones de aquella comisión. Él mismo optó, personalmente, por entregarlo ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas.
"Todo se veía allí claro, que la obra del geriátrico había tenido un trato singular y privilegiado, desde su gestación hasta el final", recuerda hoy Prendes. Resalta que la única alarma administrativa sobre presuntas irregularidades la dio un interventor del Instituto de la Minería, que no admitió la última certificación de la obra, en 2011. "Es como si el proyecto hubiese tenido una autopista para su tramitación y eso solo se pudo hacer gracias a una complicidad política y sindical. Los jueces dirán quién se metió el dinero en el bolsillo, pero fueron los políticos los que dieron las facilidades", recalca.
El proyecto del geriátrico fue anunciado antes de recibir las ayudas, fue adjudicado e iniciado sin que aún se hubiese firmado el convenio para darle financiación a cargo de los fondos mineros. Hubo incluso que hacer una modificación legal por Real Decreto dada la cuantía del proyecto dado que la ley impedía que entidades no públicas recibiesen fondos para infraestructuras por una cuantía superior a un 1% del monto total de las ayudas mineras. "El Montepío se planteaba hacer una red de geriátricos. Ya era un despropósito: que una entidad privada, aunque fuese sin ánimo de lucro, recibiese ayudas para infraestructuras y se montase con ello un negocio. Pero entonces nadie alzó la voz", señala Prendes. Tal fue así, recuerda, que hasta el Montepío creó una sociedad limitada para gestionar las instalaciones. "Visto en conjunto muchos se echarían las manos a la cabeza ahora", sentencia. E insiste: "Otros colaboraron para que algunos pudieran llevarse la pasta".
Transcurridos dos años desde aquella comisión, Prendes se molesta cuando ahora lee declaraciones de quienes dicen que actúe la justicia. "Todo lo que pasaba se puso por escrito en marzo 2015 y PSOE y PP miraron a otro lado" al no permitir la aprobación del dictamen de la comisión.
En aquel entonces, las críticas que recibió el documento que elaboró Prendes señalaban que se había convertido en casi una causa general contra los fondos mineros y su gestión. Pero aún hoy, y más a la vista de los acontecimientos, Prendes se ratifica en lo dicho. "Es evidente que los fondos mineros se gestionaron con un descontrol absoluto", insiste.
Prendes recuerda que el expresidente socialista Vicente Álvarez Areces le aseguró en la comisión parlamentaria de investigación sobre el origen de los 1,4 millones de euros ocultos que Villa trató de regularizar, que los fondos habían sido evaluados: "Se refería a un folio, firmado por los mismos que lo gestionaron, absolutamente autocomplaciente", exclama.
Prendes no ahorra críticas hacia la gestión de los fondos mineros, unas ayudas millonarias que tenían como objetivo propiciar un cambio en el sistema productivo de las cuencas mineras que evitase el impacto del cierre de los pozos. "Fueron el gran fracaso de la clase política asturiana, una estafa a los jóvenes de las Cuencas", dice sin titubear. El dictamen de la comisión que nunca se aprobó incide en que el efecto de los fondos mineros en el empleo o en el despoblamiento de las Cuencas fue prácticamente nulo. "El éxodo juvenil continuó, las cuencas mineras son de los territorios que más población pierden", recalca. Por eso sostiene que debería revisarse por completo el destino y gestión de los fondos mineros. "El geriátrico de Felechosa es como una gota de mar que concentra todo el océano", sostiene.
Afirma que en la tramitación e historia de los fondos mineros "existen auténticos agujeros negros", por lo que considera que sería necesario que el Tribunal de Cuentas impulsase una auditoría completa. "Sería una oportunidad magnífica para demostrar que es una institución de control", explica el diputado de Ciudadanos. Prendes recalca que el Tribunal de Cuentas puede realizar auditorías de oficio o por solicitud del parlamento autonómico. "Sería sanísimo que se llevase a cabo una sobre los dos planes de los fondos mineros".
Hubo muchas instituciones vinculadas a la gestión y ejecución de las ayudas que se negaron a aportar información a la comisión parlamentaria, como el Infide, la fundación del SOMA para la formación, o Fundesfor, que ejecutó programas de becas y ayudas de formación. "Hubo muchas oscuridades y solo tiramos del hilo hasta donde pudimos", recuerda.
