A los integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil les gusta madrugar para dar sorpresas. Y así fue como actuaron esta pasada semana durante su corta estancia en Asturias. Una docena de agentes llegaron el lunes al Principado para empezar a trabajar el martes a primera hora. Un trabajo rutinario para ellos: detenciones y registros para incautar información, tanto en papel como en soporte digital, que aporte luz a la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y bautizada como "operación Hulla". Fue una semana "horribilis" para algunos nombres propios.
El Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo, con su titular al frente, Begoña Fernández, ya tenía preparadas las órdenes, con la del secreto de sumario incluida para evitar filtraciones, y dar un salto cualitativo a una investigación que de manera silenciosa y cauta se venía practicando desde hacía unos tres años.
Todo comenzó cuando el exlíder minero, José Ángel Fernández Villa, aprovechó en 2012 la amnistía fiscal del Gobierno de Rajoy y regularizó 1,4 millones de euros. Su lugarteniente y presidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, le acompañó e hizo lo propio con 300.000 euros, y una de sus hijas otros 60.000. Pero ¿de dónde salió todo ese dinero?
Según la Fiscalía Anticorrupción fue Inteligencia Financiera la que descubrió un presunto delito de blanqueo de capitales, que originó que la Fiscalía Anticorrupción iniciara la investigación con la Agencia Tributaria, Intervención General del Estado y la UCO. La maquinaría echó a andar para aclarar el "indiciario desvío, apropiación y ocultación de fondos, tanto públicos, obtenidos por medio de una subvención concedida en 2009 por el Ministerio de Industria a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), como privados, pertenecientes al Montepío de la Minería entre 2005 y 2014". Anticorrupción calcula que se pudieron "distraer" unos 15 millones de euros, y que hubo mordidas con contratos menores. Ahora hay que probarlo.
El resumen de los hechos en la última semana es el siguiente:
Registros y detenciones. Era primera hora del martes. Los agentes de la UCO se distribuyen y de manera simultánea se inicia la operación en Asturias, Madrid, Valladolid y Madrid para registrar domicilios y viviendas. Los objetivos son José Ángel Fernández Villa; José Antonio Postigo, que es detenido en Murcia tras registrar su domicilio en TorrePacheco y en Valladolid; Juan Antonio Fernández, dueño de la constructora Alcedo de los Caballeros, que levantó la residencia geriátrica del Montepío en Felechosa; Manuel Sastre, el arquitecto y director de la obra y José Manuel Fernández, que fuera asesor fiscal del Montepío hasta 2014. Agentes judiciales entran también en la sede del IRMC en Madrid. Las pesquisas abarcan a más de medio centenar de investigados. Los registros se prolongan durante horas y a última hora de la noche son trasladados al cuartel de la Guardia Civil en El Rubín el constructor, el arquitecto y el exasesor en calidad de detenidos. Postigo está en la misma situación en Murcia, y a Villa se le deja en casa, dado su estado de salud, con la obligación de comparecer en el juzgado.
Las declaraciones. El miércoles por la mañana la mujer y los hijos de Villa tuvieron que acudir al Juzgado de Instrucción 3 a declarar, aunque se acogieron a su derecho a no hacerlo por "indefensión". Por el cuartel de la Guardia Civil del Rubín, en Oviedo, desfilaron para declarar ante la UCO, entre otros, el exconsejero de Industria, Graciano Torre; el secretario general de la Minería de CC OO de Asturias, Maximino García -ahora alcalde de Morcín- y los abogados de los detenidos. Todos coincidieron en centrar el objetivo en el Montepío y el IRMC. Postigo fue trasladado desde Murcia y la UCO se presentó en el Ayuntamiento de Aller para "recabar" información.
Villa y los traslados. El jueves fue un día clave. Por la mañana, Villa llegó al Juzgado acompañado de su mujer y sus dos hijos, que se negaron de nuevo a declarar. El exlíder minero, que mostró un acusado deterioro físico, se sometió a un nuevo examen forense para determinar si está en condiciones de declarar o no. El secreto sumarial, que se levantó el viernes por la tarde, ha impedido que de momento se conozca el resultado, pero fuentes próximas al caso indicaron que posiblemente vaya en línea con los practicados anteriormente, en cuanto a que comprende preguntas breves y sencillas. La exmujer y las dos hijas de Postigo también pasaron a primera hora de la mañana por El Rubín. Pero lo peor estaba por llegar.
Hacia las 13.30 horas, los cuatro detenidos fueron trasladados al Juzgado, aunque no sería hasta las 17.30 horas que empezaron a declarar. Junto a la jueza, Begoña Fernández, estaban los fiscales anticorrupción Carmen García Cerdá e Ignacio Stampa, que se mostraron implacables. Para Postigo y el constructor solicitaron prisión y una fianza de un millón de euros por cabeza. Para el exasesor fiscal, prisión y 400.000 euros, mientras que al arquitecto lo dejaban en libertad. El patrimonio de todos ellos estaba bloqueado, luego no podían utilizarlo. Ya de madrugada, y después de tres días "muy duros", según los abogados, la juez decretó la libertad de todos con la obligación, en el caso de Postigo, el constructor y el exasesor, de presentarse los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado.
Fin del secreto sumarial. Las declaraciones no acabaron ahí. El viernes coincidieron en el Juzgado la exmujer de Postigo, sus dos hijas y su actual compañera, que vive con él en Murcia. Fiscalía Anticorrupción considera que todas ellas pueden ser cómplices de blanqueo del dinero que supuestamente salió de los fondos mineros y de las arcas del Montepío a los bolsillos de los principales encausados. El secreto de sumario fue notificado a las partes el viernes pasadas las 15.30 horas. Comienza un nuevo episodio en la "operación Hulla".
