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El Montepío estudia unirse a la causa de Anticorrupción y pedir cárcel para Villa

La personación le daría acceso a la investigación y las declaraciones para aclarar cómo se gastó el dinero de los fondos mineros y de la mutualidad

El Montepío estudia unirse a la causa de Anticorrupción y pedir cárcel para Villa

El Montepío de la Minería decidirá en los próximos días si se persona como acusación particular en el caso de la "operación Hulla", lo que le permitiría solicitar una indemnización por el dinero supuestamente sustraído de la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa además de penas de prisión para los principales implicados en la supuesta trama: el exlíder sindical José Ángel Fernández Villa; el expresidente del Montepío, José Antonio Postigo; el constructor del residencial, Juan Antonio Fernández, y el exasesor financiero del Montepío, José Manuel Fernández. La mutualidad ya tiene una causa civil abierta en la que reclama a la constructora Alcedo de los Caballeros 2,2 millones de euros por defectos en las obras.

Personarse en el "caso Hulla" es ir un paso más allá, y le permitiría al Montepío acceder a la documentación resultante de la investigación y diligencias de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y del Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo sobre el presunto desvío de fondos que se produjo en la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa, en el concejo de Aller. Según fuentes próximas a la investigación, la Fiscalía Anticorrupción calcula que la cuantía "distraída" podría ascender hasta los 15 millones de euros, casi la mitad del coste de las obras, que se elevó a 31 millones según los cálculos iniciales.

Los procuradores que representan a los principales investigados en el "caso Hulla" se presentaron a primera hora de ayer en el Juzgado de Instrucción 3 para, una vez levantado el secreto de sumario, acceder a la información. Pero se encontraron con que el sumario acumula más de 10.000 folios distribuidos en siete tomos, que ahora habrá que colocar y foliar para enviar al Principado y que sean escaneados. "Mínimo cinco días", coincidieron en señalar los representantes legales de varios de los presuntos implicados en la supuesta trama de Felechosa.

A medida que se va conociendo información, aunque sea a cuentagotas, la dirección del Montepío de la Minería y del SOMA se plantea si personarse como acusación en esta causa penal. Según las fuentes consultadas, "hacerlo permitiría a la mutualidad tener acceso a la información y saber exactamente qué fue lo que pasó con la adjudicación de la obra, con la construcción y sobre todo a dónde fue el dinero". En última instancia está la defensa de los intereses de los mutulistas y socios, esgrimen reiteradamente desde la cúpula del Montepío.

La decisión última, en todo caso, se tendrá que tomar en los órganos directivos e incluso se podría convocar una asamblea extraordinaria de socios. En la práctica, la mayoría la ostenta el SOMA, como ha ocurrido históricamente, ya que la representación sindical tiene que ver con el número de delegados obtenidos en las elecciones sindicales. Además, CC OO decidió abandonar los órganos de Gobierno del Montepío cuando surgió el conflicto y ahora el sector crítico exige una modificación de los estatutos. La dirección de la mutualidad insiste en que ahora que se trata de proteger a la institución.

Mientras tanto, las defensas de los principales investigados en la causa esperan a que el Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo, que encabeza la jueza Begoña Fernández, les permita tener acceso a la documentación. Lo único que ha trascendido hasta ahora es que el informe de los forenses sobre la capacidad de José Ángel Fernández Villa para declarar se sustancia en términos similares a los que ya se le realizó en la causa abierta contra él por presunta apropiación indebida en el SOMA. Sin embargo, distintas fuentes indicaron que Villa se habría acogido a su derecho a no testificar ante la magistrada. Exactamente igual que hicieron su esposa, María Jesús Iglesias, y sus hijos, Rolando y Ángela, cuando fueron llamados a testificar la semana pasada. Todos ellos alegaron que estaban en clara indefensión según se habían desarrollado los hechos.

Tampoco la familia de José Antonio Postigo declaró ante la jueza, acogiéndose a su derecho a no hacerlo.

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