Las ONG involucradas en la batalla contra la pobreza y los trabajadores sociales levantaron ayer en la Junta una enmienda de totalidad a la respuesta que por falta de personal, medios y "orden" en la regulación reciben en Asturias las situaciones de urgente necesidad. En las comparecencias para valorar la proposición de ley de proyectos de emergencia ciudadana, que se tramita en la cámara y consigna la idea de Podemos sobre cómo definir los casos y poner los medios para la reacción, representantes de colectivos de atención al necesitado concluyeron que en el estado actual de los recursos a su alcance "no tenemos capacidad de respuesta ante lo urgente".
La valoración es de Beatriz Martínez, que compareció en nombre del Colegio de Trabajadores Sociales y coincidió en el diagnóstico con Víctor García Ordás, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias, que además de "una renta básica homogénea en el conjunto del Estado", reclamó un "plan autonómico de inclusión social que tenga rango de ley" o al menos sea "de obligado cumplimiento". A preguntas de los diputados, Martínez incidió en la carencia de personal y medios que sufre su colectivo, con "plantillas que se reducen mientras la demanda crece", saturación de tareas burocráticas y ni rastro de trabajadores sociales "en las ofertas públicas de empleo desde 2006".
