La defensa de José Ángel Fernández Villa está analizando al dedillo el fallo del Tribunal Constitucional que invalida la amnistía fiscal del Gobierno de 2012, a la que se acogió el exsecretario general del SOMA y que está en la base de las investigaciones de la "operación Hulla". En la sentencia del Constitucional puede haber un resquicio para forzar la nulidad de las actuaciones y la letrada de Villa, Ana García Boto, indicó ayer que reflexionará sobre el asunto de cara a un posible recurso. No obstante, otros letrados consultados ven poco factible forzar la nulidad de las actuaciones, en primer lugar porque éstas no tienen en puridad una naturaleza tributaria. Y después, porque el Constitucional veda expresamente la posibilidad de cualquier revisión de las regularizaciones que se hallan declarado firmes.
Todo es recurrible y argumentable, y en este caso quizá podría invocarse la teoría del fruto del árbol envenenado, que hace referencia a la invalidación de las pruebas obtenidas de manera ilícita, que no pueden utilizarse posteriormente contra una persona: si la amnistía fiscal no era legal, quizá tampoco las actuaciones derivadas de la misma. Y es que los presuntos delitos cometidos por Villa y el resto de los investigados no se hubiesen conocido de no haber mediado la amnistía ahora invalidada.
Sin embargo, los juristas consultados ven pocas posibilidades de que el fallo del Constitucional "sea trascendente" para el desarrollo de las actuaciones en curso. Es lo que opina, por ejemplo, el letrado Miguel García Vigil, de Ontier, quien resalta que la amnistía se invalida por un defecto formal. "El propio tribunal se encarga de cerrar cualquier posibilidad de revisión, en interés de la seguridad jurídica", sostiene este letrado, uno de los que llevan la querella del SOMA por apropiación indebida, el otro embrollo judicial en el que está inmerso Villa. La pregunta es si esa restricción del Constitucional sería válida para un tribunal ordinario.
El letrado experto en Derecho Tributario Pablo Álvarez de Linera estima, por lo que ha trascendido en la prensa, que lo que se dirime en la "operación Hulla" "es completamente ajeno a la regularización, el verdadero fundamento de las actuaciones no es de naturaleza tributaria". Álvarez de Linera indica que "la amnistía fiscal contemplaba de manera expresa que no traería consigo una exoneración de delitos como el blanqueo de capitales u otros".
El abogado Miguel Valdés-Hevia, que defiende a uno de los investigados en la "operación Hulla", el constructor Juan Antonio Fernández, tampoco ve posibilidades de impugnar las actuaciones. "No creo que vaya tener influencia en el pleito. Pese a la ilegalidad de la amnistía, las regularizaciones realizadas al amparo de la misma no se van a revisar o anular por razones de seguridad jurídica", indica el abogado.
Pese a esta situación de partida poco halagüeña, la letrada de Villa podría intentar una impugnación de las actuaciones, que se siguen por blanqueo de capitales y otros delitos vinculados, como falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, apropiación indebida, contra la Hacienda Pública, malversación, cohecho y prevaricación, infracciones penales estas últimas que afectarían a personas con responsabilidad en la administración. Ana García Boto ha intentado lo indecible en la querella del SOMA para evitar el procesamiento de Villa, y lo mismo podría ocurrir en la "operación Hulla".
