"Si soy presidenta del Principado diez meses", se lanzó Mercedes Fernández, "me sobran nueve para remitir a esta cámara un proyecto de supresión del impuesto de sucesiones". En tono mitinero de campaña electoral anticipada, la presidenta del PP de Asturias saludó la llegada a la Junta de la ley que recortará el tributo sobre las herencias blandiéndolo como gran argumento político contra el PSOE, su socio puntual en este acuerdo de rebaja fiscal con resultado de presupuestos. La portavoz popular celebró con abundante puesta en escena la materialización del acuerdo que hizo posible la aprobación de las cuentas públicas del Principado para este año y en una especie de mitin, usando el impuesto de sucesiones para proponerse como sucesora, levantó la bandera del pacto hablándole a la silla vacía del presidente del Principado, que estaba para entonces en la cámara, pero aún no se había dejado caer por el hemiciclo.
"Es una falta de respeto que el presidente de la gestora, perdón, el presidente de todos los asturianos no esté sentado en esa silla", dijo antes de reconocer de palabra que el pacto presupuestario es cosa de dos, suyo y del PSOE, pero antes también de arrogarse el supuesto éxito reprochando a los socialistas cierto "miedo" a alegrarse por el acuerdo tanto como ella. A tribuna llena, llena de invitados del PP, de gente con pancartas de sintaxis extraña que no se sabía si pedían una supresión del impuesto que no está sobre la mesa -"no ley sucesión", "calvario ley de sucesión"-, Mercedes Fernández interpretó la ausencia del Presidente y de casi todo el Gobierno con un "se niegan a admitir que el PP es alternativa de gobierno, y así les va". Se fue ovacionada por su público, por su bancada, puesta en pie.
Era el arranque del debate en la Junta de la reforma de Sucesiones, que previsiblemente se aprobará definitivamente el día 30 con efectos retroactivos al 1 y que elevará la cuantía máxima de las herencias exentas de tributación a las de 300.000 euros -eran 150.000, son 200.000 desde la entrada en vigor de la ley de presupuestos en enero-. En el primer trámite parlamentario, ayer se debatía la enmienda de totalidad que IU presentó contra el proyecto para tratar de desbaratarlo y que decayó dejando a la coalición sola en la defensa de la continuidad del tributo en su estado actual. Podemos se abstuvo y el resto de la cámara votó en contra.
El resultado garantiza la supervivencia de una reducción fiscal que la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, defiende por lo que dice que es, una "adaptación del impuesto a la realidad actual" sin suprimirlo, y por lo que significa, la garantía de que "Asturias dispone de presupuesto". Lo justifica por "pragmatismo y responsabilidad", porque también es "perfectamente asumible" desde el punto de vista recaudatorio, pero tal vez sobre todo porque "esto no es sólo un debate de fiscalidad. Es también una cuestión de presupuestos, de mayorías y de acuerdos". En lo estrictamente fiscal, es el de sucesiones, al decir de Carcedo, "un impuesto que reivindicamos. Adaptándolo a la realidad actual garantizamos su supervivencia".
IU ve una baja "temeraria"
A la Consejera le quedaba por escuchar la única argumentación abiertamente contraria a la rebaja fiscal. Sabiéndose perdedor, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ejerció su derecho al pataleo cargando y apuntando con dureza contra una reducción que considera "temeraria, porque supone una merma de ingresos que esta región no se puede permitir" y que anticipa la supresión del tributo, "porque aquellos que han agitado a una minoría contra los impuestos y lo público van a continuar". Al decir de IU, la rebaja no es una demanda de la mayoría social, sino la de "una minoría agitada por la derecha" y "este Rubicón" materializa "la renuncia de un gobierno en minoría al cambio" hacia la izquierda.
Carcedo había cifrado en 10,5 millones de euros el coste del impuesto y en un millón su repercusión en el presupuesto de este año, pero Llamazares suma el efecto de este acuerdo con el que ya aceptó la reducción del IRPF en 2015 y a él le sale un total próximo a los "setenta millones".
Ciudadanos defendió el acuerdo presupuestario aunque la reforma del impuesto se les quede corta, Foro reivindicó una vez más la supresión del tributo y Podemos utilizó su turno para reprobar con dureza lo que entiende como el sometimiento del PSOE a la política fiscal del PP.
La enmienda decayó, la reforma sigue y la escenificación popular de la campaña anticipada se hizo cargo de un pleno que también aprobó por unanimidad hacer que la Junta exija al Gobierno un grupo de trabajo que fije una posición común sobre la Política Agraria Común más allá de 2020 o la presentación de una ley de calidad alimentaria este año.
