El Gobierno del Principado y el PSOE callan, la oposición pide cuentas y dimisiones y los afectados echan cosas en falta. La auditoría externa a Sogepsa, elaborada por mandato de la Junta General del Principado y recién remitida a los grupos políticos, constata un catálogo extenso de presuntas irregularidades en la gestión de la empresa mixta de gestión del suelo, pero según alguna opinión autorizada pueden faltarle algunas. Los expropiados del área residencial de La Magdalena, en Avilés, reclaman una investigación sobre lo que consideran el asunto "más importante y más oscuro" en la gestión de la empresa, la supuesta cesión de la mayor parte de su beneficio al sector privado, esa práctica más que dudosa que explicaría, a su juicio, la enorme deuda de bastantes más de 150 millones que tiene a Sogepsa al límite de la supervivencia.
Según el mecanismo que dicen tener confirmado "por varias fuentes", sólo en el caso de la promoción avilesina el beneficio por vivienda edificada habría sido de 50.000 euros, de los que 30.000 deberían haber ido a parar a Sogepsa y 20.000 a los socios privados. Si esto hubiera sido así, precisa el portavoz de los afectados, Miguel García Rúa, La Magdalena habría reportado a Sogepsa un beneficio de treinta millones de euros. "Si eso lo extrapolamos a las 22.000 viviendas que ha promovido la empresa, sería un verdadero escándalo" que explicaría la multimillonaria deuda de la sociedad, toda vez que Sogepsa se habría quedado con las cargas, transfiriendo el beneficio a los operadores privados del mercado inmobiliario. Un "escándalo", reitera García Rúa, "máxime ahora que parece que el contribuyente va a tener que hacerse cargo" del "muerto" si la compañía acaba disolviéndose, la alternativa que le queda una vez rechazada la alternativa de su transformación en íntegramente pública.
La auditoría oscurece, en efecto, el futuro de la sociedad mixta de gestión del suelo allí donde ratifica la recomendación de su disolución si no se hace pública, posibilidad ésta que ya ha sido rechazada en el parlamento autonómico por la oposición de toda la cámara salvo PSOE e IU.
Tras la divulgación del contenido de la fiscalización de la empresa, el foco político vuelve a estar directamente encima de la consejera de Infraestructuras y presidenta del consejo de administración de Sogepsa. Foro pide la "inmediata dimisión" de Belén Fernández nada más saber de un documento de contenido "escandaloso, pues constata actuaciones que pueden ser constitutivas de delito, adjudicaciones a dedo, sobrecostes y derroches de más de medio millón de euros derivados de tener en nómina a un director de Servicios Jurídicos que ni siquiera tenía el título de licenciado en Derecho". El resumen de la presidenta de la formación conservadora, Cristina Coto, "retrata el chiringuito socialista por antonomasia de Asturias, sin respeto a la ley y ningún control político mas allá del consentimiento de un despilfarro exorbitante".
A José Agustín Cuervas-Mons, diputado del PP, la auditoría le dice casi todo lo que ya sabía, "confirma irregularidades graves, pero nada nuevo", afirma. Le da la risa al leer que los auditores no han podido obtener información de la empresa porque sus directivos han cesado y a él también le faltan cosas. Se pregunta "dónde esta la derivación de responsabilidades" y avanza que "Javier Fernández en algún momento deberá tomar alguna decisión sobre Belén Fernández. Su situación política es a día de hoy insostenible".
Por el mismo camino, el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, constata a la vista de la auditoría "el descontrol y la dejadez de funciones del consejo de administración y la falta de control del Gobierno" y se pregunta "¿qué más tiene que pasar para que Belén Fernández reconozca los fallos de gestión y dimita como presidenta del consejo?" Entiende probado que "no se pueden endosar a los asturianos los pufos de esta empresa por su mala gestión" y ve llegado el momento de "tomar cartas en el asunto y pedir responsabilidades".
Podemos estudia el documento mientras en el primer vistazo constata "cuestiones denunciadas públicamente" por la formación y a todo esto, el Gobierno calla. El portavoz y consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, renuncia a entrar a valorar "las recomendaciones concretas que plantea" la auditoría, limitándose a asegurar que haberla encargado es "un compromiso cumplido" del Ejecutivo autonómico y a añadir que su contenido "se analizará". "No puedo entrar ahora en cada una de ellas", remata el Consejero.
