17 de junio de 2017
17.06.2017

Políticos y funcionarios, siguiente objetivo en la investigación de la residencia de Felechosa

Las pesquisas continúan y se prevén más registros en el Instituto de Reestructuración de la Minería y más declaraciones para determinar quién ordenó favorecer al Montepío

17.06.2017 | 04:25
José Ángel Fernández Villa, Jesús Caldera y José Antonio Postigo, el día de la entrega de la medalla de oro al exministro socialista.

La investigación sobre el presunto enriquecimiento del exlíder minero José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, a costa de los fondos mineros, se centrará ahora en aclarar la intervención de cargos políticos y de funcionarios adscritos al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC). Fue la propia Fiscalía Anticorrupción la que hizo esta petición de manera expresa a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo, Begoña Fernández, que instruye el caso.

De momento ya se han practicado registros en las instalaciones del Instituto, dependiente del ministerio de Energía (antiguo de la Industria), y se recabó información tanto en papel como en ordenadores. Ahora, la jueza instructora, Begoña Fernández, ha ordenado investigar los correos corporativos de Carlos Fernández Álvarez y Manuel Gómez-Cano Hernández, gerente y jefe de Infraestructuras del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), entre los años 2008 y 2014. "Pero esto va a ir mucho más allá", aseguraron fuentes próximas al caso.

El objetivo es aclarar quién o quiénes dieron las órdenes para eliminar el límite del 1% de inversión que estaba estipulado en el decreto por el que se regulaban esas ayudas públicas, además de eliminar los controles que la administración del Estado debería haber mantenido sobre la ejecución de las obras del complejo geriátrico de Felechosa y la certificación de los trabajos.

Fuentes próximas al caso indicaron que la investigación "está muy avanzada", que las incautaciones de documentación realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones que se tomaron en Asturias en las últimas semanas "sirvieron para reforzar las conclusiones a las que llegaron la Fiscalía Anticorrupción y la UCO con sus investigaciones".

Pero falta la parte "más delicada": saber "quién les puso la autopista para que pudieran correr", afirmaron las mismas fuentes.

Para que el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero financiase el 100% de la construcción del geriátrico de Felechosa fue necesario modificar el Real Decreto que limita al 1% la inversión global anual que le correspondía a Asturias. Eso se eliminó. Pero no sólo eso: no hubo ningún control por parte de la Administración central, en concreto del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, sobre la adjudicación de las obras ni sobre su ejecución. Se limitó a pagar. Nada más. Además, el presidente del Montepío había creado una sociedad mercantil, Residencia de Mayores de la Minería S. L., para gestionar y explotar el geriátrico de Felechosa, lo que la convierte, al menos en teoría, en beneficiaria última de los fondos públicos, que sólo se conceden a entidades sin ánimo de lucro. Esto, según los investigadores, supone una irregularidad, ya que el beneficiario último es una entidad privada.

Todo fue sobre ruedas hasta que llegó la última factura, por un importe de 3,3 millones de euros y la Inspección la paralizó al detectar que había anomalías que alcanzaban la irregularidad por no hablar de ilegalidad. Empezando por la concesión de la subvención, de casi 31 millones de euros, y que se aprobó no sólo cuando no había licencias para construir -que era imprescindible-, sino que ya se habían emitido un total de 17 certificaciones de obra.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye de sus investigaciones no sólo que la concesión de la ayuda a cargo de los fondos mineros fue irregular, sino que pone en el ojo del huracán la estrecha relación entre el Gobierno de Zapatero y el otrora todopoderoso Villa como clave para que la operación saliera adelante. Es más, hacen referencia incluso a declaraciones de testigos que resaltan el papel fundamental que desempeñaron delegados del SOMA, con el exlíder minero a la cabeza, quienes facilitaron que Zapatero llegase a la secretaría general del PSOE. Eso se tradujo, afirman los investigadores, en el "apoyo incondicional" del gobierno socialista al entonces líder sindical y político.

El acontecimiento más visible del agradecimiento del Montepío al Gobierno socialista se escenificó en 2011, cuando se le impuso la medalla de oro de la institución a Jesús Caldera por "su compromiso con el proyecto". Un acto multitudinario en la residencia de Felechosa en la que actuaron como anfitriones José Ángel Fernández Villa y el entonces presidente de la mutualidad, José Antonio Postigo.

"Es evidente que se tuvieron que provocar una serie de circunstancias para conceder la subvención y además blindar al Montepío de los controles que se exigen a las inversiones públicas", explicaron próximas al caso de la "trama Hulla". "Una decisión de este calibre no la toma una persona de manera unilateral, sino que tiene que tener el visto bueno de más de una persona y al más alto nivel, y otros que cumplan las órdenes".

Es en este apartado donde ahora, según las mismas fuentes, se puede central la investigación, "que sigue abierta y pendiente de que se tomen más declaraciones".

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine