Hasta 10 años de prisión es la petición de condena a la que podrían enfrentarse cada uno de los principales implicados en la llamada "trama Hulla": el exlíder sindical José Ángel Fernández Villa; el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, y el empresario Juan Antonio Fernández, administrador único de la constructora Alcedo de los Caballeros, adjudicataria del proyecto de la residencia geriátrica y spa de Felechosa.
La cuenta se basa en los delitos que la Fiscalía Anticorrupción les imputa como presuntos autores: blanqueo de capitales; falsedad en documento oficial y mercantil; fraude de subvenciones; tráfico de influencias; delito societario por apropiación indebida, y contra la hacienda pública. La comisión de alguno de ellos puede llevar además, aparejada, la de otros.
Fuentes próximas al caso indicaron que la instrucción se prevé larga, pese a que la investigación está muy avanzada después de años de pesquisas y de la intención de acelerar el proceso, para el que no hay plazos establecidos.
Ahora llega el turno de los abogados, que tendrán que estudiar el sumario de la causa - más de 15.000 folios, material informático y declaraciones grabadas en vídeo- para la presentación de las pruebas de descargo. Mientras tanto, se prevé que puedan seguir produciéndose registros y declaraciones, que se sumarán a las diligencias practicadas hasta ahora.
A todo ello se añade que, de momento, hay 16 personas investigadas y una docena de partes personadas y con derecho a que puedan presentar recursos a las distintas diligencias y autos que decida la jueza instructora, Begoña Fernández, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido además a la jueza instructora que se investigue a autoridades (políticos) y funcionarios públicos por su participación en los hechos para que se concediera al Montepío de la Minería una subvención con cargo a los fondos mineros para sufragar el 100% de la construcción del macroproyecto de lujo de Felechosa. Se trata de una obra para la que se modificó la normativa legal, que pasó de un coste inicial en anteproyecto de 10 millones de euros a 31 y que pese a recibir fondos públicos no fue controlada ni supervisada por la Administración.
Las fuentes próximas al caso indicaron que la jueza atenderá la petición de la Fiscalía, y que se persigue la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.
Esta investigación no se centrará exclusivamente en Madrid, en el Ministerio de Industria y el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón, donde según la investigación se dieron las órdenes para modificar la normativa y blindar al Montepío de los controles públicos. También implica a Asturias: al Principado, al Ayuntamiento de Aller, a los sindicatos mineros y en definitiva, a todos aquellos estamentos, organismos, cargos públicos y funcionarios que de una manera u otra hayan estado relacionados con el proyecto de Felechosa.
