Treinta y cinco euros al año por cada habitante. Esa es, a grandes números, la cantidad extra que cobra Suecia por ser país de acusada dispersión poblacional. Se dice de los habitantes de esas regiones alejadas suecas que van al trabajo en avión. Están dispersos pero son ricos. Esos 35 euros por habitante quiere cobrar Asturias y, con ella, el resto de comunidades abocadas a seguir perdiendo población en las próximas décadas, como compensación a tanto pueblo abandonado. La idea general es que la brecha de población ya no admite paños valientes.

Pero los redactores y asesores del informe sobre políticas de cohesión en la UE, presentado ayer en la Comisión de Desarrollo Regional, en Bruselas, saben que no lo van a tener fácil, no tanto por los suecos, que aceptarán ayudas a otros, siempre que no les toquen las suyas, como por algunos socios del Este europeo.

Lo que se debatió ayer en Bruselas fue el primer paso de un proceso político que debe culminar con la aprobación de la política comunitaria de cohesión territorial para el período 2021-2027. El texto base lleva firma española, la de la diputada socialista Iratxe García Pérez. Si todo transcurre con normalidad el texto enmendado y consensuado podría ser aprobado en pleno en el próximo verano. Se trata de buscar fórmulas de "discriminación positiva" para las zonas rurales asturianas y con ellas las de media España y parte de Europa.

La UE busca "inspiración" para ser capaz de definir la política contra el desequilibrio demográfico en aquellas zonas donde el despoblamiento es más intenso, con el suroccidente asturiano como uno de los ejemplos más sangrantes. La jornada europea, con protagonismo español y asturiano, sirvió para dibujar el mapa del "desierto" nacional. Zonas de las provincias de Soria y Teruel están bajo mínimos. El Occidente asturiano, con Lugo y Orense conforma otro problema de gran calibre. Y la Ruta de la Plata, desde Zamora a Badajoz. Pero también gran parte de La Mancha, áreas de Andalucía, Cantabria o La Rioja.

Los 35 euros extra que la UE da a Suecia (el pago está recogido en los acuerdos de adhesión) son una excepción que Asturias quiere romper porque, como dijo el eurodiputado Sergio Gutiérrez que fue el encargado ayer de leer la ponencia con la que se inicia el proceso, los suecos están dispersos pero son ricos pero en España la dispersión va de la mano de la falta de recursos. Desde Bruselas se buscará más dinero, que deberá ser gestionado por autonomías y ayuntamientos. Hay que cambiar la percepción misma del problema, como indicaba el eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández: "No hay que fijar población, verbo que es como si atornilláramos a la gente en un sitio. Hay que lograr que la gente se sienta bien en el entorno rural, y con todas las garantías de acceso a los servicios básicos ". En la misma jornada, alumnos del instituto gijonés de Roces aparecieron ante el imponente salón de plenos del Parlamento Europeo. Era el final de todo un curso con la asignatura de Cultura Europea.