"No me señale con el dedo". En ese momento de la sesión de control al Gobierno en la Junta, el consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, ya había escuchado a Daniel Ripa señalar, todavía sin el dedo, que en el Principado "no fueron convidados de piedra, sino colaboradores necesarios" de José Ángel Fernández Villa y José Antonio Postigo. El papel del Ejecutivo, en la versión de los hechos que firma el diputado de Podemos, era allanar la "cobertura normativa" de la construcción del geriátrico de Felechosa, epicentro del presunto fraude en la trama minera de la "Operación hulla", cambiando a la carta y a destiempo el plan urbanístico de Aller.

Frente al dedo acusador, Martínez ejercía de abogado de la defensa en calidad de sustituto de la titular de Infraestructuras, Belén Fernández, ausente ayer del pleno por unos motivos personales que su suplente despachó con la vaguedad de "un imprevisto" y que Ripa también había tratado de barrer hacia su terreno. "No sé si será que está haciendo las maletas o que prefiere no responder preguntas incómodas", aventuró. El Consejero defendió al Gobierno agitando informes técnicos y una sentencia judicial que les exonera de la irregularidad urbanística mientras sonaba de fondo la campana del siguiente asalto en la conocida animadversión parlamentaria entre Podemos y el PSOE, que tiende a infinito.

La colaboración a la que se refería Ripa señala con el dedo hacia las autorizaciones concedidas para modificar el plan urbanístico de Aller y dar "cobertura legal" a la construcción de la residencia de ancianos, una obra que se inició "sin licencia en suelo no urbanizable". El diputado llevaba texto y fotos para reproducir lo que dice el sumario de que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, la CUOTA, reformó el planeamiento allerano mediante la "aprobación exprés" de un cambio de calificación del suelo -inicialmente "no urbanizable"- que se sustanció cuando la obra ya llevaba dos años en marcha. También aludió a la elusión de la obligación de reservar el diez por ciento del suelo para equipamientos públicos del concejo y a la ausencia de la exigencia de los preceptivos avales al promotor. Desemboca en la calificación de un "fraude de ley", de una obra legalizada a posteriori porque era para "su jefe José Ángel".

El "no me señale con el dedo" era metafórico además de literal. Un "no me señale como autor de no sé qué irregularidades" y un desafío de los de "no pierda ni un minuto, lléveme a la Fiscalía". A Guillermo Martínez le había llegado el olor del "lanzamiento de basura al que nos tiene acostumbrado". Afeó a su antagonista que antes de encender el ventilador "no haya traído ningún argumento de peso, ni siquiera un expediente con un informe negativo". El portavoz del Gobierno blandió en su descargo el respaldo de los técnicos a las decisiones de la CUOTA y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) del 15 de mayo que desestima la impugnación del cambio del plan urbanístico de Aller a demanda de los expropiados. El tribunal "dice que en Felechosa se cumplió de manera estricta la legalidad", subrayó el Consejero, después de leer extractos de los informes técnicos que consideraron justificada la intervención de la CUOTA en Felechosa y pasajes de la sentencia que considera probada la prioridad de la urgente ocupación de los terrenos del geriátrico "por su dimensión social". Ni un informe técnico negativo", concluyó, "ni una vía negativa a las que marca la ley".

Acababa el primer asalto. El segundo, hoy, promete más en las preguntas al presidente del Principado. La portavoz del PP, Mercedes Fernández, cuestionará a Javier Fernández sobre el mismo asunto.

Mientras tanto, el tenso intercambio de pareceres entre Martínez y Ripa fue ayer un buen prólogo para la iniciativa en la que Ciudadanos requirió del Principado un balance "político", "objetivo y exhaustivo", del destino de los fondos mineros desde los noventa.