La convicción de que la auditoría de Sogepsa obvia "el lado más oscuro" de la empresa ha incitado a los propietarios de terrenos expropiados por la sociedad mixta de gestión del suelo a pedir que la Junta devuelva a los auditores el informe que les encargó para que éstos puedan culminar su trabajo. Los afectados de la promoción de La Magdalena, en Avilés, dan por hecho que la compañía ha ocultado a los examinadores información clave para esclarecer el eje de la actividad posiblemente delictiva de Sogepsa, el presunto desvío de beneficios hacia el sector privado, y por eso piden que se complete la indagación.

El Gobierno del Principado sopesa llevar a la Fiscalía un informe en el que los propios auditores ponen de manifiesto sus dificultades para fiscalizar los ingresos, las ventas de las parcelas, porque la empresa no facilitó los planes de viabilidad, documentos esenciales, al decir de los afectados, para investigar en qué medida los beneficios se quedaron en Sogepsa o fueron desviados a terceros.

Miguel García Rúa y Francisco Sánchez, portavoces de los expropiados, ponen el foco sobre el modo en el que se distribuían los ingresos de cada proyecto entre la empresa y los constructores privados. Y como "es difícil ocultarlo todo", afirman, la auditoría sí verifica que en La Magdalena consta para Sogepsa un beneficio neto por vivienda de 90 euros, muy lejos de los 50.000 que, "según el expediente de expropiación, deberían haberse repartido la empresa y los constructores".

De confirmarse, abundan, esta información podría aportar indicios de "un presunto delito de administración desleal, por no hablar de malversación o tráfico de influencias". La han puesto desde 2007 en manos de los presidentes del Principado y consejeros de Infraestructuras, incluida la recién dimitida Belén Fernández, y del hasta ahora portavoz del PSOE y próximo consejero y presidente de Sogepsa, Fernando Lastra.