La jueza instructora del "caso Hulla", Begoña Fernández, ha denegado la solicitud presentada por el Montepío de la Minería para personarse como acusación particular, al entender que no ha sido perjudicado por la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa, sino que incluso puede ser responsable civil al beneficiarse de una operación que ha supuesto un aumento de su patrimonio. En todo caso le ha indicado que puede presentarse como acusación popular, igual que cualquier otro ciudadano. Esta decisión será recurrida por el Montepío.

La dirección de la mutualidad decidió personarse como acusación particular al entender que ha sido perjudicada por el desvío de fondos propios y también públicos (casi 31 millones de las ayudas a la reconversión de las cuencas mineras), y cuyos presuntos autores habrían sido, entre otros, el exlíder minero José Ángel Fernández Villa, y el presidente del Montepío José Antonio Postigo.

La jueza ya advirtió en una providencia de que la entidad, lejos de ser perjudicada, podría resultar responsable civil al final del procedimiento. Pero ha sido ahora cuando ha decidido, a expensar del informe de la Fiscalía Anticorrupción -no es vinculante- que se puede personar como acusación pública, pero no como particular, lo que supondría que en caso de ser considerado víctima, tendría derecho a indemnización.

El bloqueo patrimonial

Por otra parte, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo también ha rechazado todas las solicitudes realizadas hasta el momento para derogar el bloqueo patrimonial y de las cuentas superiores a 6.000 euros de todos los principales implicados en la investigación del "caso Hulla", así como las de sus negocios, como ocurre en el caso de la constructora Alcedo de los Caballeros y el estudio de arquitectura.