El presidente de la comisión sobre los incendios de 2015 considera responsables políticos a Javier Fernández y a dos de sus consejeros

El diputado forista confirmó el traslado del borrador del dictamen a todos los grupos políticos el pasado jueves. Leal apreció también responsabilidades políticas en el anterior director gerente del Servicio de Emergencias del Principado, Antonio del Corro, y del director general de Montes, José Antonio Ferrera. A la vista del contenido de las comparecencias, el presidente de la comisión entiende que el Gobierno regional activó el Infopa cuando la sutuación generada con los incendios, especialmente en la zona occidental de la región, "era irreversible"."era irreversible"

Según Pedro Leal, "la tardía respuesta del Gobierno propició que no se produjera una adecuada coordinación entre los diversos agentes que actuaron en la extinción durante los primeros días de la activación del Infopa, no habiendo aprovechado todos los medios y efectivos disponibles". El diputado forista sostiene que de las declaraciones de los participantes en el operativo se deduce "el incumplimiento sistemática de la estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias para el período 2013-2016".

En el dictamen se destaca la labor de todos los efectivos en las tareas de extinción y se añade un reconocimiento al piloto de helicóptero José Antonio Rodríguez, de 49 años, fallecido mientras formaba parte del operativo que tratata de extinguir un fuego en el concejo de Parres.

El contenido de las conclusiones del borrador elaborado por el presidente de la comisión extraordinaria es el siguiente:

1.- Demora en la activación del INFOPA.- Se constató que a partir del 14 de diciembre de 2015, comenzaron a producirse varios focos de incendios forestales en la comunidad autónoma, que no fueron estimados como significativos ni por parte del gobierno, ni por la gerencia del SEPA, a pesar de conocérsela situación se sequía no habitual en esta época del año, el estado de los montes, la abundancia de matorral y vegetación que pudiera servir de combustible para el fuego, y la cercanía en fechas con la época de «riesgo alto», lo que añadido a los informes remitidos meteorológicos remitidos por la AEMET que auguraban aumento de temperaturas y vientos del sur, anunciaban determinadas condiciones que no fueran tenidas en cuenta, activándose el INFOPA de modo tardío el sábado 19 de diciembre, cuando la dimensión de los incendios era imparable teniendo como consecuencia final casi 13.000 hectáreas calcinadas, dada la intensidad y el número de días en los que se mantuvieron esas condiciones meteorológicas y el número de focos de superficie ardiendo.

La demora en la activación del INFOPA provocó que se dejase de actuar en focos menos importantes o que no ponían en peligro la población, para intervenir en aquellos en que había riesgo de vidas humanas, provocando la proliferación de incendios en varios lugares en los que no se pudo intervenir quedando el terreno a merced del pasto de las llamas. La activación extemporánea del INFOPA quizá no hubiese evitado los numerosos incendios producidos, pero sí podría haber minimizado las consecuencias, baste reseñar que el grave incendio de Brañalibrel comenzó el día 16 de diciembre, se le dio por extinguido, reproduciéndose el día 19 de diciembre, siendo uno de los más graves, de mayor amplitud y de superficie calcinada más extensa.

Por ello, la situación que origina los incendios se venía arrastrando, con varios focos activos desde el 14 de diciembre de 2015, lo que sumado a la climatología y la llegada del fin de semana, hacían previsible una situación difícil en cuanto a incendios forestales se refiere.

2.- Incumplimiento y Fracaso de la Estrategia de Prevención de Incendios 2013-2016.- El Gobierno del Principado de Asturias, elaboró el citado documento titulado «Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias 2013-2016», un instrumento que en su momento el Consejo del Fuego respaldó por unanimidad por considerarlo una buena herramienta de trabajo. Se trata de un documento que parte de un análisis estadístico, geográfico y sociológico muy completo y extenso, que incluye además 42 medidas concretas de prevención, extinción, investigación y educación ambiental y sensibilización. Por tanto, el problema no es que no se disponga de este tipo de protocolos de actuación, que existen y en algunos casos muy completos.

El problema es que desde el Gobierno, después de transcurrir más de tres años de la redacción de dicho plan, no se está cumpliendo. En realidad, no se está desarrollando prácticamente casi ninguna de las medidas propuestas, especialmente las referidas a prevención, convirtiendo esto en el auténtico talón de Aquiles de la lucha contra el fuego en nuestra Comunidad Autónoma. Es absolutamente prioritario que desde los órganos e instancias competentes se analice el grado de cumplimiento y desarrollo de este documento de trabajo, que se deja de lado sistemáticamente. Algunas medidas que se contemplan en el marco de esta estrategia, y que el Gobierno de Principado de Asturias no ha puesto en marcha, son las siguientes:

a) ordenación del combustible;

b) promoción de la ordenación silvopastoral de los pastos, dado que el uso del fuego para la creación de pastos constituye una de las principales causas de incendios, muy arraigada en Asturias, por otra parte;

c) eliminación de los restos de corta de madera;

d) erradicación de malas prácticas en el control de la fauna salvaje;

e) optimización de la vigilancia de la Guardería natural;

f) incorporación de voluntariado para reforzar la prevención;

g) creación de juntas vecinales en montes de propiedad municipal, que permita reinvertir las rentas del monte sobre la población rural;

h) investigación sociológica sobre causalidad.

Lo que antecede, son sólo algunas de las medidas que se deberían haber adoptado desde el año 2013 para prevenir focos de incendios forestales, y que su inobservancia, provocan siniestros como el que es objeto de esta Comisión de Investigación y originan el que el estado de los montes sea propicio para la proliferación del fuego y su rápida propagación causando las consecuencias devastadoras ya conocidas en estos sucesos objeto de investigación.

Responsabilidades:

Considera que de todo lo anteriormente expuesto, pueden individualizarse responsabilidades de los siguientes miembros del gobierno y altos cargos por las razones que se detallan a continuación, y que comportan su reprobación política:

1.- Don Javier Fernández Fernández, como Presidente del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias cuando se produjeron los incendios objeto de esta Comisión de investigación, como máximo responsable político del Gobierno, y tener atribuida la potestad de dirigir la acción del Consejo de Gobierno y la coordinación de la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, coordinación que ha sido deficiente, al menos entre las áreas de las Consejerías de Presidencia, por un lado y de la Consejería de Desarrollo Rural, por otro.

2.- Don Guillermo Martínez Suárez, Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, máximo responsable político de las labores de extinción de la oleada de incendios ocurrida en diciembre de 2015, por la activación tardía del INFOPA, la falta de coordinación con otras áreas del gobierno como la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, la pasividad ante la información que se poseía desde el 14 de diciembre de 2015, la no movilización de todos los efectivos y recursos a su alcance.

3.- Doña Mª Jesús Álvarez González, Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, máxima responsable política en las labores de prevención de incendios forestales, por el incumplimiento, inobservancia y no adopción de las medidas contemplada en la «Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias 2013-2016» desde su elaboración hasta la fecha, la ausencia de funciones de previsión de situaciones de riesgo derivadas del fuego y la falta de coordinación con otras áreas del gobierno como la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

4.- Don Manuel Antonio del Corro Fernández, en su condición de Gerente del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) durante los sucesos investigados, como órgano gestor de los servicios de atención de llamadas de urgencia y emergencia a través del número 112, de protección civil y de extinción de incendios y salvamentos en el ámbito territorial del Principado de Asturias, adscrito a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por su responsabilidad en la demora de la activación del INFOPA, la falta de coordinación con otras áreas del gobierno como la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, la pasividad ante la información que se poseía desde el 14 de diciembre de 2015, la no movilización de todos los efectivos y recursos a su alcance, y la incompleta información suministrada al personal de intervención del SEPA.

5.- Don José Antonio Ferrera Rubial, en su condición de Director General de Montes e Infraestructuras Agrarias, durante la oleada de incendios objeto de investigación, alto cargo de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por el incumplimiento, inobservancia y no adopción de las medidas de prevención contemplada en la «Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias 2013-2016», desde su elaboración hasta la fecha, la ausencia de funciones de previsión de situaciones de riesgo derivadas del fuego y la falta de coordinación con otras áreas del gobierno como la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.