La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los principales integrantes de la presunta "trama Hulla" tienen más dinero escondido del que se ha descubierto hasta ahora, pero desconoce la cuantía y su paradero. Las fuentes consultadas indicaron que esa es otra de las líneas de la investigación que sigue abierta, y que también es una de las razones, entre otras, que explicaría las duras medidas cautelares exigidas por los fiscales Ignacio Stampa y Carmen García Cerdá.
La investigación iniciada por Anticorrupción en el "caso Hulla" arrancan en el año 2003 y llegan hasta 2014. Sin embargo, y siempre según las mismas fuentes, "las sospechas, en función de las declaraciones realizadas por algunos de los testigos, se remontan la década de los 90, e incluso algunos hablan de años anteriores".
Estas declaraciones, junto con los "cabos que van atando" los investigadores y los fiscales anticorrupción, hacen sospechar que el 1,2 millones de euros aflorados por el exlíder minero José Ángel Fernández Villa, y los 436.100 que regularizó su lugarteniente y presidente del Montepío, José Antonio Postigo, son sólo la punta del iceberg.
También apuntan en el mismo sentido las indagaciones sobre Juan Antonio Fernández, el propietario de Alcedo de los Caballeros, la constructora que levantó la residencia geriátrica de lujo de Felechosa (Aller) y que realizó numerosas obras en los otros tres negocios propiedad del Montepío de la Minería: Balneario de Ledesma, residencial de Los Alcázares (Murcia) y el aparthotel de Roquetas del Mar (Almería). Según las cuentas de Anticorrupción, sólo de las obras de Felechosa se habría embolsado más de siete millones de euros.
No se salva tampoco de las sospechas el asesor fiscal del Montepío de la Minería, José Manuel Fernández. "Era quien movía el dinero y de hecho fue quien lo recogió y lo llevó al banco para que se pudiera regularizar", indicaron las mismas fuentes. En su declaración ante los fiscales, José Manuel Fernández relató que llevaba las cuentas de Postigo y de su familia, además de las del Montepío, pero que el presidente le había dicho que tenía dinero en casa que le había dado su padre y que quería regularizarlo aprovechando la amnistía fiscal decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Posteriormente, le planteó también que además de su dinero llevara también el que Villa tenía en su domicilio.
Sólo el arquitecto de Felechosa, Manuel Sastre, parece librarse de las sospechas de Anticorrupción, ya que su implicación con el resto de investigados parecen reducirse a la construcción del complejo geriátrico de Felechosa.
De hecho, los fiscales no pidieron para él prisión ni fianza tras su paso por los calabozos.
