El exconsejero de Sanidad Faustino Blanco es el principal responsable político de que no se publicasen las listas de espera de la sanidad pública regional durante casi 16 meses, entre junio de 2014 y septiembre de 2015. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el presidente de la comisión de investigación parlamentaria, el diputado Andrés Fernández Vilanova (Podemos) en el dictamen definitivo, que ha logrado "un amplio consenso" en el resto de fuerzas parlamentarias. Gaspar Llamazares destacó ayer que se trata del primer acuerdo entre Podemos e IU en lo que va de legislatura. El dictamen se someterá a votación en septiembre pero sólo el PSOE ha cuestionado su contenido, especialmente el relativo a las responsabilidades.
El dictamen sobre las listas de espera llega tras un año y medio de trabajo de la comisión de investigación en la que hubo 99 comparecencias de médicos y jefes de servicio de la sanidad pública asturiana. El documento además de establecer responsabilidades políticas plantea propuestas para mejorar la gestión de la sanidad pública regional.
Las responsabilidades políticas aparecen repartidas en dos capítulos diferenciados en el dictamen elaborado por Fernández Vilanova. El exconsejero Faustino Blanco y el exgerente del SESPA, Tácito Suárez, son señalados como los políticos que estaban al frente de los servicios de la administración que no publicaron las listas de espera durante los 16 meses que siguieron a la huelga en la sanidad pública asturiana. "Las razones no fueron motivos técnicos como argumentaron, sino simple y llanamente la inconveniencia política de publicar unos datos que no eran favorables al Gobierno", esgrime el presidente de la comisión de investigación.
En el segundo capítulo de responsables políticos aparece el ahora titular de la Consejería de Salud, Francisco del Busto, y el gerente del Sespa, José Ramón Riera, porque las listas de espera actuales no son completas ni cumplen la normativa en materia de transparencia ya que se omiten "datos disponibles en todo momento dentro de los sistemas informáticos del Sespa (...) Su no publicación no responde por tanto a limitaciones técnicas, sino que es deliberada, fruto de una decisión". El dictamen del diputado de Podemos admite que el maquillaje de las listas, del que se habló durante las comparecencias, como consecuencia de la reprogramación de operaciones, "finalmente no pudieron ser demostrados" pero, incide, "tampoco pueden ser descartados, "por carecer el actual sistema de registro informático de garantías de trazabilidad que aseguren que los cómputos de espera reflejados en las estadísticas contabilizan a cada paciente". Vilanova quitó hierro a los reparos formales realizados por los servicios jurídicos de la Cámara porque, aseguró, no afecta a las responsabilidades políticas señaladas en su dictamen. No obstante, la votación del dictamen se retrasó hasta septiembre, por recomendación de los letrados del parlamento. Si como es de prever, sale aprobado entonces a continuación ese dictamen llegará al Pleno de la Junta cuando se reanude el período ordinario de sesiones, algo que, por ejemplo, no consiguió el informe elaborado por Ignacio Prendes en la anterior legislatura acerca del caso Villa y el uso de los fondos mineros.
La portavoz adjunta del PSOE, Carmen Eva Pérez Ordieres, dejó patente al término de la comisión la disconformidad de su Grupo parlamentario con la objetividad del ponente del dictamen, el podemista Fernández Vilanova porque sus conclusiones definitivas "no cambian un ápice" las que ya tenía antes del inicio de los trabajos. La diputada socialista destacó el contrasentido que, a su juicio, supone que dicho dictamen atribuya responsabilidades cuando "ninguno" de los 99 comparecientes reconoció que hubiera irregularidades en la gestión de las listas. Y es que la diputada socialista preguntó por ese extremo a todos y cada uno de los médicos, especialistas y jefes de servicio que declararon ante la Junta General a petición de los grupos políticos.
El portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, llamó la atención acerca de que el dictamen sobre las listas de espera ha propiciado el "primer acuerdo" de la legislatura con Podemos. Ambos grupos han alcanzado en los últimos días "un amplio nivel de coincidencia", según admitió la diputada Marta Pulgar y ello pese a que Izquierda Unida inicialmente no había apoyado la constitución de esta comisión de investigación. "Es un paso importante en la buena dirección", defendió Llamazares, médico de formación, quien además destacó que ese pacto con la formación morada "sirve para ampliar el acuerdo con otras fuerzas" de la Cámara autonómica con el objetivo de que el Gobierno regional "afronte un cambio en la gestión de las listas de espera y, en definitiva, mejore la atención a los pacientes".
"Aprobar en septiembre"
Llamazares afirmó que tras este primer entendimiento, Podemos "ponga fecha a la próxima reunión" de la que, en su opinión, debería salir el método, la agenda y el calendario para "poder aprobar el curso en septiembre" y caminar hacia "un gobierno compartido". El portavoz de IU sostuvo que los acuerdos a los que pueda llegar su coalición con Podemos "no desnaturalizan el programa del PSOE sino que lo revitalizan", en lo que era un claro mensaje al presidente del Principado, Javier Fernández.
El PP, Ciudadanos y Foro, en principio, comparten el grueso del dictamen elaborado por Podemos. El popular Carlos Suárez, médico en excedencia, calificó su contenido de "equilibrado" y válido. La diputada forista Carmen Fernández no adelantó el sentido del voto de su grupo en septiembre pero calificó el análisis de Fernández Vilanova, que es pediatra, de "bueno y completo" al señalar a los responsables políticos, como ha hecho su compañero de grupo, Pedro Leal, en la comisión de investigación sobre los incendios de 2015, y también medidas para evitar que se vuelvan a repetir los problemas con las listas de espera. El parlamentario Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos, valoró de "positivo" el trabajo realizado por la comisión en este año medio.
