Asturias se mostró ayer exigente con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde exigió una modificación de la metodología y aplicación de la regla del gasto para que no sea más restrictiva que el objetivo de déficit y asfixie a las autonomías igual que está ocurriendo con los ayuntamientos.

La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, volvió a votar ayer en contra de los objetivos de déficit establecidos por Hacienda, que salieron adelante con los votos de las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP además de Canarias, Ceuta y Melilla. En contra votaron, además de Asturias, las otras seis comunidades gobernadas por los socialistas además de Cantabria y Cataluña.

"El objetivo para 2018 es del 0,4%, y del 0,1% para 2019. Es insuficiente y no se corresponde con el gasto público que conllevan las competencias. Además, seguimos sin saber qué criterios se siguen para su reparto. Exactamente lo mismo que en ocasiones anteriores", explicó Carcedo.

Pero existen otros dos problemas acuciantes para las comunidades autónomas: la regla de gasto y la financiación autonómica.

La Consejera de Hacienda del Principado explicó que "la limitación que establece la regla de gasto es más restrictiva que el objetivo de déficit, y eso constriñe el crecimiento del presupuesto". Es decir, que ese límite puede suponer que se cumpla el objetivo de déficit pero al limitar el gasto, la comunidad autónoma no puede invertir aunque tenga dinero. Exactamente lo mismo que ha provocado el malestar entre los ayuntamientos, que tienen dinero pero no pueden atender a los servicios municipales para no incumplir la regla fiscal.

"El Ministro se había comprometido a crear un grupo de trabajo para abordar esta cuestión. Lo que exigimos es que se ponga ya en marcha y empiece a funcionar, para garantizar que los presupuestos van a ser operativos para todas las comunidades", indicó Carcedo.

Algunas autonomías cumplieron en 2016 con el objetivo de déficit, pero incumpliendo la regla de gasto, lo que les obligó a elaborar y someterse a un plan económico y financiero controlado por el Gobierno central. "Se trata de una regla fiscal relacionada con la sostenibilidad de las finanzas públicas que debe aplicarse a medio y largo plazo, pero que pretender hacerlo año a año y eso limita la capacidad de gasto y de atención a los servicios públicos", incidió la Consejera asturiana.

El tercer asunto de mayor importancia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se refería a la financiación autonómica. El Gobierno entregó a los consejeros autonómicos el informe elaborado por los expertos y anunció que en septiembre empezará su análisis por parte del comité técnico de evaluación permanente, integrado por técnicos del propio Consejo y de las comunidades autónomas. Serán los encargados de elaborar un informe, que deberá estar listo a lo largo de noviembre, a partir del cual se empezarán a elaborar las propuestas.

"Se supone que ahora ya se pone en marcha la negociación. Pero Asturias quiere un calendario con mayor concreción y el Gobierno debe liderar este proceso para agilizarlo, y que no pase más tiempo", remarcó Carcedo.