El polémico impuesto de Sucesiones y Donaciones se debe mantener, aunque el Estado tendría que fijar un mínimo común para evitar la actual competencia entre regiones. También tiene que permanecer el de Patrimonio, aunque se debería regular al menos la base imponible para darle estabilidad.

Estas son algunas de las propuestas que figuran en el informe elaborado por 21 expertos, nombrados por el Gobierno central y las comunidades autónomas, para abordar la reforma de la financiación autonómica. El conjunto de las medidas que se contemplan en el estudio favorecerían a Asturias, según explicó ayer Roberto Fernández Llera, el economista que participó en su elaboración designado por el Principado en sustitución del dimitido Carlos Monasterio.

"Las propuestas son buenas en su mayoría para Asturias porque refuerzan su capacidad tributaria, porque plantea un mecanismo de nivelación que, aunque ahora es bueno, podría ser aún mejor, y porque podría salir beneficiada en la gestión del endeudamiento", afirmó.

Según sus cálculos, sólo reforzando el Fondo de Compensación Interterritorial, Asturias podría pasar de los actuales 13 millones de euros anuales a conseguir unos 100 millones, entre ocho y nueve veces más.

Otro importante cambio fiscal tendría que ver con el IVA, de los que ahora las autonomías reciben el 50% mientras que el otro 50% queda en manos del Estado. La propuesta pasa por permitir que los gobiernos regionales puedan realizar modificaciones en el tramo que les corresponde, aunque siempre igual para todas.

Los expertos abogan también por racionalizar la oferta de tributos propios que tienen las regiones, especialmente en materia medioambiental, y por la posibilidad de que puedan establecer tasas o copagos en sanidad o en dependencia, por ejemplo. De esta manera verán si su esfuerzo fiscal se corresponde con la calidad del servicio que reciben.