El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (Ocan) anunció ayer que se ha personado como acusación popular en el denominado "caso Marea 2", una pieza separada del "caso Marea" en la que el juez investiga pagos de la Consejería de Educación por valor de unos 9 millones de euros "a cambio de material escolar para 87 colegios que en buena parte nunca llegó a los centros", señaló José Ángel Gayol, presidente de Ocan.
En el caso del presunto fraude están actualmente investigados ("imputados", según la jerga judicial anterior) el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general María Jesús Otero y los empresarios Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín.
Gayol y el representante jurídico de Ocan, Alberto Suárez, convocaron a los medios de comunicación en la puerta de la sede de la Consejería con el fin de informar de su iniciativa. "Para presentarnos como acusación popular hemos tenido que pagar 2.000 euros, que logramos reunir con dificultades", señaló Gayol. Los hechos que se enjuician sucedieron entre enero de 2009 y agosto de 2010, durante la etapa final de Riopedre y Otero al frente de la Consejería de Educación. Figuran en un informe presentado por el Gobierno regional en 2015, un lustro después de que estallara el "caso Marea", cuya sentencia será hecha pública el próximo 1 de septiembre.
