"Un modelo que permite convertir lo imposible en real. Con ganas, apoyo institucional y colectivo". Así definió ayer Ruperto Iglesias García, presidente de Confesal y ASATA, la autogestión colectiva, una economía alternativa a caballo entre la empresa pública y la privada y que "conforma el 10% del PIB nacional y reúne dos millones de empleos de manera directa o indirecta".

Su compañero y ponente ayer en la FIDMA, Francesc Abad, gerente de la Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España (Confesal), hizo especial hincapié en "la necesidad de creación de mecanismos de desarrollo financiero para la recuperación de las empresas en crisis", una responsabilidad que "corresponde" a la administración: "hay que tener agallas y hacer políticas reales que faciliten la recuperación", aseguró. En 2008, 50.135 empresas entraron en concurso de acreedores, "un promedio de 22 cierres empresariales por cada día hábil". Algo que podría evitarse optando por "llegar a formar un mercado nacional que favorezca la transmisión de la autogestión mediante sistemas de asesoramiento, entre otros". Abad se mostró abierto a "cooperar con todos los partidos políticos, desde los grandes hasta los minoritarios". Y Asturias "sería una perfecta comunidad para poner esta experiencia en práctica" según Ruperto Iglesias.

Se pusieron ayer sobre la mesa dos casos de empresas recuperadas: Vitrinor y Queserías Menorquina. La primera, que se dedica al menaje de cocina, emprendió su recuperación en 1995, cuando se movilizaron 136 trabajadores de los 375 que se quedaron en la calle por la quiebra del grupo Megafesa. "Nos embarcamos en una experiencia que desconocíamos por completo", explicó José Luis Alonso, presidente de Vitrinor, sobre la formación de la sociedad laboral donde, "arrendamos el fondo de garantías salarial y las pocas capitalizaciones que nos quedaban". Llevan 22 años funcionando y sólo en los dos primeros no obtuvieron beneficio. Su truco: "renunciar al reparto de ganancias para invertirlo". Un proceso "duro y largo" pero que hoy alberga unas cifras de producción de 45.000 piezas diarias, y que se halla en plena ampliación de la fábrica para producir 20.000 más.

El segundo caso corresponde a Queserías Menorquinas, procedente de la antigua marca El Caserío. "Tras la gestión de Nueva Rumasa, perdimos casi todos los contratos de producción, quedando en situación concursal con una deuda de 30 millones", señala Margot Sastre Albis, miembro del comité de empresa y socia de la firma, cuya recuperación está aún en curso y que ha contado con la colaboración de "la sociedad menorquina y de la administración balear". Los trabajadores han "renunciado a muchos derechos laborales y sufrido rebajas salariales". Sastre también insta a la administración pública de Asturias a "contemplar y fomentar el desarrollo de sociedades laborales para evitar que empresas en crisis acaben en cierre".