No les acaban de salir las cuentas. Propietarios de terrenos expropiados por Sogepsa han expurgado la oferta de venta de 57 parcelas recién lanzada por la sociedad mixta de gestión del suelo y han alcanzado la conclusión de que la empresa admite la posibilidad de vender su reserva de suelo perdiendo dinero, a un precio que podría no llegar a cubrir los gastos de adquisición y urbanización de los solares y que insinúa un desvío encubierto de su beneficio hacia los constructores. Los afectados por las expropiaciones de Sogepsa en el área residencial de La Magdalena, en Avilés, han tomado como referencia los terrenos por los que la empresa acepta ofertas en esta promoción y han calculado que de sustanciarse las enajenaciones al precio base de licitación propuesto en el concurso la compañía asumiría unas pérdidas de 2.238 euros por cada vivienda construida en el área residencial avilesina, donde hay sitio para 442.
La cifra resulta de un cruce de datos entre los gastos directos de adquisición de terrenos y urbanización en que ha incurrido la compañía -tomados de la memoria de viabilidad económico-financiera de Sogepsa, aclaran- y el hipotético ingreso que generaría la enajenación al precio de salida que se les ha puesto. De acuerdo con esta información, la expectativa de recaudación vendiendo al importe base de licitación no daría para cubrir lo invertido: en La Magdalena, los gastos ascenderían a 34.894 euros por vivienda; los ingresos sumarían solamente 32.506.
La renuncia de Sogepsa al beneficio remite, en la voz de los afectados, a su vieja sospecha de que el precio de venta de las parcelas es el instrumento que utiliza la sociedad mixta de gestión del suelo para abdicar de su beneficio en favor de su parte privada, de los constructores, que son aquí los compradores de los solares. Miguel García Rúa y Francisco Sánchez, portavoces de los afectados de La Magdalena, que han calculado este desvío en las parcelas de la promoción avilesina, sostienen que el importe de venta es una de las claves de bóveda de una secuencia en la que "Sogepsa asume todo el riesgo, el de mercado, el financiero y el de la liquidez del proyecto", mientras los constructores y promotores, entre ellos los que configuran la parte privada de su accionariado, se quedan con la ganancia. Estos indicios alientan su sospecha de que en Sogepsa cabe pensar en una "supuesta administración desleal de los recursos públicos" en una sociedad acosada por una ingente deuda de al menos 150 millones de euros.
Los expropiados juzgan además "inadmisible" que un concurso público de venta proponga un precio de salida que ni siquiera recupera la inversión acometida, entienden que así Sogepsa dilapida su principal activo, el suelo, y alientan a los grupos de la Junta General del Principado a pedir explicaciones a la sociedad. Tampoco les cuadran, mientras tanto, los criterios de valoración de las ofertas de adquisición de las parcelas, toda vez que el concurso prima el pago al contado por encima del importe de la propuesta, excluyendo las ofertas de compra de terrenos con pago aplazado si se presenta otra de abono íntegro, aunque la cantidad total sea inferior. Los afectados por la política de gestión de la sociedad no entienden que una empresa en quiebra pueda penalizar una oferta económicamente superior por la forma de pago ni ven claro el momento del lanzamiento del concurso, que acepta ofertas desde el pasado 26 de julio y hasta el próximo 20 de septiembre por 57 parcelas de uso residencial y de servicios repartidas por diez concejos de la región.
García Rúa y Sánchez consideran que el momento del mercado inmobiliario determina que el proceso de enajenación de solares está "llamado al fracaso". Dan un ejemplo: en La Magdalena se pretenden vender catorce parcelas con una expectativa de edificación de 442 viviendas; en Avilés, sólo se han vendido 35 casas nuevas al año en los últimos dos.
