La factura de las expropiaciones de Sogepsa acumula un recargo de casi veinte millones de euros en fase de sostenido crecimiento. Según el último recuento actualizado, la empresa mixta de gestión del suelo ya ha pagado 19,7 millones más de lo que tenía previsto por las adquisiciones de suelo para sus promociones residenciales e industriales, y eso no cuenta que aún quedan unas cuantas cuentas pendientes. El desfase, tal y como figura en los cálculos del Gobierno del Principado, cuantifica el quebranto que han generado las reclamaciones admitidas a los propietarios insatisfechos con la tasación de sus terrenos y compone una cifra que todavía puede continuar engordando en al menos seis millones más por las demandas presentadas y pendientes de resolución.
Los grandes números, los que asume el Ejecutivo autonómico en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, suman las desviaciones presupuestarias por expropiaciones en ocho grandes proyectos de Sogepsa -cinco con destino industrial y tres de factura residencial- y concluyen que el Principado empezó previendo un gasto en adquisición de terrenos de algo menos de 114 millones, que la factura ya ha crecido hasta más de 134,5 en los datos actualizados de 2017 y que un hipotético éxito de las reclamaciones en curso pondría la cifra más allá de los 140 para un incremento que en los proyectos analizados ya es del 17,2 y podría superar el 22 por ciento.
El listado del Gobierno airea una de las grandes miserias de una sociedad asfixiada por las deudas que tiene su viabilidad seriamente amenazada. Las cifras dan cobertura, en la versión de Cuervas-Mons, al "desastre" de la situación económica de Sogepsa. De una empresa cuya razón social la obligaba a "obtener suelo a precios razonables, a urbanizarlo y venderlo, pero que si no expropió bien, tuvo desviaciones económicas en las obras y la venta del suelo industrial está como está" -con miles de metros cuadrados vacíos- "el balance global es un mal negocio". Entiende el diputado popular que el cálculo que hace el Principado es conservador, entre otras razones porque los números se multiplican cuando quienes hacen la cuenta son los afectados directos, pero el desfase asumido deja a la vista una parte del origen del problema.
Ordenadas de mayor a menor, las cifras que aporta el Gobierno permiten trazar de un vistazo la geografía del recargo en las expropiaciones de Sogepsa, que de acuerdo con esta información concentra el grueso del sobrecoste en el polígono industrial de Bobes y en las áreas residenciales de Prado de la Vega, en Oviedo, y La Magdalena, en Avilés. Marchan por delante las expropiaciones del parque empresarial sierense, la gran extensión vacía de un millón de metros cuadrados donde la obtención de las parcelas acumula un desfase sobre lo programado de nueve millones de euros, donde las reclamaciones pendientes suman otros 135.000 y la factura total por compra de terrenos podría pasar de los 33,7 millones inicialmente previstos a cerca de 43.
La promoción residencial de Prado de la Vega viene a continuación con su desajuste de 8,8 millones entre los 31,4 programados y los más de 40,3 reales, a los que pronto podría haber que añadir hasta 4,3 adicionales en reclamaciones pendientes de resolver. En el área de La Magdalena, las tasaciones impropias de las parcelas han costado a Sogepsa 1,1 millones más de los presupuestados y esa cifra aún podría llegar a duplicarse si triunfan las demandas en trámite. Contando éstas, el cargo total de las expropiaciones de Prado de la Vega podría pasar de 31,4 a 44,6 millones, el de La Magdalena ascendería de 8,3 a 11,2 y sería la promoción ovetense la que acumularía un sobrecoste porcentual más voluminoso, por encima del 41 por ciento.
Prado de la Vega crece
El caso de la promoción de viviendas vecina del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) gana terreno como paradigma de los desvíos en la gestión de Sogepsa. Los datos recién desvelados por el Principado vienen además a dar la razón en parte a los expropiados, que en su día intuyeron escaso el cálculo de 9,2 millones de desvío que efectuaba la reciente auditoría de la sociedad. El recuento más reciente habla de 8,8 millones ya confirmados y de 4,3 en reclamaciones pendientes y eso sólo sería una parte de los 18,4 del sobrecoste total que la auditoría asigna al proyecto.
Las cifras también desvelan, sí, promociones ajustadas en cuanto a lo previsto y lo pagado y una de las grandes, el parque empresarial de Lloreda, en Gijón, la cantidad efectivamente desembolsada es inferior en 77.000 euros a la programada, presumiblemente a causa de algunas modificaciones efectuadas en el proyecto. Algo similar sucede en la segunda fase del polígono riosellano de Guadamía.
Sea como fuere, la diferencia global entre las previsiones y el desembolso vienen a dar detalles que ayudan a entender el estado de las cuentas de una sociedad amenazada y fuertemente endeudada que tiene el futuro en el aire y acaba de poner a la venta 57 parcelas a precios de salida que, según han denunciado algunos de los expropiados, ni siquiera dan para cubrir los costes de adquisición.
