El "caso Marea" llega a su desenlace mañana viernes, con la notificación de la sentencia de 1.000 páginas que ha elaborado el magistrado Francisco Javier Rodríguez Santocildes, de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo. No ha trascendido un solo dato del fallo, que llega trece meses después de finalizado el juicio, desarrollado a lo largo de cuatro meses, entre abril y julio del año pasado. Los letrados, especialmente los de las defensas, esperan con máxima incertidumbre un fallo que sin duda será histórico, al tratarse del mayor caso de corrupción en Asturias.

La sentencia comenzará a notificarse a las diez de la mañana, en primer lugar a los acusados, para luego continuar con la Fiscalía y las acusaciones particulares y populares. En total, hay 19 partes a las que trasladar el fallo, por lo que solo el envío puede durar más de una hora. Los abogados de las defensas confesaron ayer que no saben a qué carta quedarse. "El tribunal ha sido críptico y no ha dado pista alguna de por dónde puede ir el fallo", explicó ayer el letrado Miguel Valdés-Hevia, defensor de Víctor Manuel Muñiz, uno de los empresarios implicados en la trama, cuyo juicio por fraude fiscal fue anulado el pasado mayo en un juzgado de lo penal de Oviedo por faltar documentación.

Entre los letrados hay muchas especulaciones. Alguno señala incluso que "no es lo normal" en este tipo de casos que se haya tardado tanto en dictar el fallo. Alguno ya piensa en utilizar esta demora de cara a un posible recurso ante el Supremo.

Esa dilatación del proceso da pie a las más variopintas interpretaciones. Si el asunto estuviese muy claro, la sentencia hubiese tardado mucho menos, quieren creer algunos letrados. La tardanza se interpreta como un signo de que pueden haberse rebajado algunas de las peticiones que solicitaban las acusaciones.

Otros deducen que el tribunal ha querido fundamentar las condenas de forma rotunda y hasta en sus más mínimos aspectos, de forma que queden pocos resquicios de cara a los más que seguros recursos que presentarán los acusados ante el Tribunal Supremo. Cada aspecto ha sido votado por los tres magistrados de la sección tercera, encabezados por su presidente Javier Domínguez Begega.

Algunas defensas, adelantándose a un hipotética condena, ya vienen anunciando, desde antes incluso del juicio, que pedirán la nulidad de las actuaciones ante el Supremo por dos motivos. Por un lado, al considerar que las escuchas no estuvieron fundamentadas. Por otro lado, también estiman que el proceso debería haberse dividido, por la diferente naturaleza de los delitos que se atribuyen a la exfuncionaria Marta Renedo y al resto de acusados.

La Fiscalía pidió penas que suman 55 años de cárcel para los siete principales acusados: el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre (10 años), la exdirectora general María Jesús Otero (10 años), la exfuncionaria Marta Renedo (10 años) y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (9 años), Alfonso Carlos Sánchez (9 años), Maximino Fernández (4 años) y Antonio Azorín (3 años). Las acusaciones populares sumaron otros seis acusados más.