Las condenas a políticos y funcionarios de la administración socialista implicados en el "caso Marea" suponen, al decir del portavoz de Izquierda Unida en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, "un duro reproche social a la corrupción funcionarial, empresarial o política que existe en Asturias y en España". Llamazares lamenta además que, siete años después de destaparse el caso no se haya puesto en marcha mecanismos políticos para garantizar medidas preventivas y de rechazo de este tipo de corrupción por parte de las instituciones políticas, que van “al paso de la tortuga”, valora.
El diputado de la coalición deplora asimismo que en la Junta sigan bloqueadas las principales iniciativas políticas contra la corrupción, como la Oficina Anticorrupción, propuesta por Podemos y la Ley de Transparencia, a iniciativa del Gobierno. “Esperamos que esto signifique un acicate para que los grupos parlamentarios desbloqueemos esa situación”, concluye el portavoz de IU en la Junta General.
