01 de septiembre de 2017
01.09.2017

Las reacciones de los partidos a la sentencia

Atribuyen responsabilidades a Javier Fernández y Álvarez Areces

01.09.2017 | 21:29

El grupo parlamentario popular ha anunciado esta mañana el registro de una petición de comparecencia inmediata del presidente del Principado, Javier Fernández, ante el pleno de la Junta General del Principado para que dé "explicaciones" una vez conocidas las penas de la sentencia del "caso Marea" y con ellas la sustanciación "por la vía judicial penal" de lo que fue, en palabras del diputado popular José Agustín Cuervas-Mons, "el escándalo mayúsculo y la vergüenza de algunos responsables políticos y altos funcionarios de las administraciones socialistas que han saqueado y robado el dinero de los escolares asturianos. "Ya no vale esa estrategia de 'a mí que me registren'", abunda Cuervas-Mons en dirección a Fernández. "Aquí ya esta todo el mundo registrado". El parlamentario del PP añade a la petición de cuentas al Presidente su convicción de que "quiero suponer que hoy mismo exigirá la dimisión de Vicente Álvarez Areces", hoy senador socialista, presidente del Principado cuando ocurrieron los hechos "y para más inri durante muchos años portavoz socialista de Educación en el Senado".

Al decir de los populares, por lo demás, el "caso Marea" "no está cerrado pese a esta gravísima sentencia. En la administración del Principado no se indagó ni se adoptaron medidas para corregir lo que había pasado", asegura, ni para conocer "el alcance real lo que nos nos ha costado este desfalco", por lo que el PP ha registrado en la Junta también una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al actual consejero de Educación, Genaro Alonso, y destinadas a tratar de esclarecer todos esos extremos. Sin "nada que comentar" sobre el contenido de la sentencia, Cuervas-Mons lamenta sobre todo que en el Principado "nadie ha dado una sola explicación o asunción de responsabilidad política alguna" sobre "el mayor caso de corrupción política en Astuiras, cometido bajo gobiernos socialistas".

Desde las filas de Foro, su presidenta y portavoz parlamentaria, Cristina Coto, aseguró esta mañana que "como es habitual en Foro, nuestra posición es de absoluto respeto a las decisiones judiciales". 
 

 La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha destacado hoy su "capacidad de reacción" al suspender de militancia al exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, condenado a seis años de prisión en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en relación con el caso Marea.
 
En un comunicado, el PSOE asturiano muestra su máximo respeto a la decisión judicial y el acatamiento de la sentencia a la vez que asegura compartir las valoraciones sobre el fallo judicial realizadas por el Gobierno de Asturias.

 

Además, incide en que "siempre ha dado muestras de su acreditado compromiso en la lucha contra la corrupción" y que ha demostrado capacidad de reacción "en particular su secretario general (Javier Fernández) al tomar la decisión en su día de suspender de militancia a Iglesias Riopedre". 

Por parte de Podemos Asturias, su portavoz parlamentario, Emilio León, definió como "histórica" la sentencia que condena al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, en el marco de la operación "Marea", el mayo caso de corrupción en Asturias. El fallo, declaró León, "marca un antes y un después. Ni Javier Fernández ni quien le sustituya en la secretaría general del FSA va a poder negar los problemas institucionales que tiene el partido y los casos de corrupción".

Respecto al presidente Areces, al frente del Gobierno de Asturias, cuando se produjeron los hechos juzgados, el portavoz parlamentario de Podemos aseveró que "es una de las cuestiones que se ve en la sentencia: deja bien claro lo que hacía la mano derecha de Areces (por el exconsejero Riopedre) mientras con la mano izquierda Areces llevaba adelante recortes en Educación".

La otra gran implicada en este caso, la exdirectora general de Planificación en la Consejería de Educación, la llanisca María Jesús Otero, recibe una condena de diez años de cárcel y una multa de dos millones y medio de euros por un delito de cohecho. Su jefe, el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, de 77 años, acusado de pedir favores para la empresa de su hijo y consentir un esquema de contratación que beneficiaba a las sociedades Igrafo y Almacenes Pumarín (Apsa), ha sido condenado a seis años de prisión y una multa de 400.000 euros.

"Lo que ha sucedido es una victoria ante el despilfarro y los recortes", declaró Emilio León sobre la sentencia. El portavoz parlamentario de Podemos aseguró que el fallo señala quienes son los responsables políticos y judiciales.

Estas condenas a políticos y funcionarios de la administración socialista implicados en el "caso Marea" suponen, al decir del portavoz de Izquierda Unida en la Junta General, Gaspar Llamazares, "un duro reproche social a la corrupción funcionarial, empresarial o política que existe en Asturias y en España". Llamazares lamenta además que, siete años después de destaparse el caso no se haya puesto en marcha mecanismos políticos para garantizar medidas preventivas y de rechazo de este tipo de corrupción por parte de las instituciones políticas, que van "al paso de la tortuga", valora.

El diputado de la coalición deplora asimismo que en la Junta sigan bloqueadas las principales iniciativas políticas contra la corrupción, como la Oficina Anticorrupción, propuesta por Podemos y la Ley de Transparencia, a iniciativa del Gobierno. "Esperamos que esto signifique un acicate para que los grupos parlamentarios desbloqueemos esa situación", concluye el portavoz de IU en la Junta General.

El portavoz de Ciudadanos en la Junta, Nicanor García, entiende como "ejemplarizantes" las condenas conocidas hoy y también ha señalado que sitúan "en el punto de mira" y en "una situación casi insostenible" al expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces. El diputado de la formación naranja no pide directamente la dimisión, pero sí invita al PSOE a "una reflexión al respecto", teniendo en cuenta además que la comisión parlamentaria de "Marea" acordó la reprobación de Areces y de tres de los que fueron sus consejeros.

A Ciudadanos le preocupa con especial intensidad, por lo demás, la tarea pendiente de "poner los medios para que esto no se vuelva a repetir" y Nicanor García cita en este punto la ley para el refuerzo de la Inspección General de Servicios que se tramita en la junta a iniciativa de su grupo parlamentario. La propuesta "pretende instituir filtros y controles para evitar estas malversaciones y malas utilizaciones de fondos públicos", avanza, y el resto de los grupos tienen, apoyándola, "una buena oportunidad para que esto no suceda más", concluye. De acuerdo con las reflexiones de otros grupos, García cuestiona también la necesidad de asunción de responsabilidades políticas y "más allá de que un exconsejero haya sido condenado".

Nicanor García se refiere también a la demora de la resolución judicial del caso, sosteniendo que "hay que dotar de medios a la justicia para combatir la corrupción de la forma mas eficaz. No puede ser que en un asunto de esta gravedad pasen siete años y medio desde el inicio de la investigación a la sentencia. Eso significa falta de medios", asegura, "y nosotros estamos comprometidos para agilizar este tipo de procedimientos". Llegado a este punto, el portavoz de Ciudadanos desemboca asimismo en la reclamación de restitución "al erario público y sobre todo a la educación asturiana" del dinero sustraído.

El Principado considera muy positivo que esta sentencia demuestre que la corrupción tiene castigo

El Gobierno de Asturias considera "muy positivo que ya se hayan hecho públicas las condenas correspondientes al caso Marea". Los portavoces del ejecutivo regional han emitido esta tarde un comunicado en el que muestran su reacción a lo sucedido. "Éste ha sido siempre el objetivo: que la justicia delimitase con claridad y firmeza las responsabilidades de todos los implicados. Para el Gobierno, el fallo acredita también que la corrupción tiene castigo en Asturias, algo de lo que debe felicitarse toda la ciudadanía. Tal como ha hecho desde 2012, el Ejecutivo presidido por Javier Fernández continuará colaborando con la justicia".

Para el Principado su "colaboración constante" con la justicia se justifica en cuatro puntos:

  • La Administración del Principado está personada como acusación particular.
  • Las condenas solicitadas por el servicio jurídico, que coinciden con las planteadas por la fiscalía, eran superiores o iguales a las fijadas en el fallo. De hecho, fueron rechazadas todas las ofertas de acuerdo propuestas por las defensas de los acusados.
  • También se reclamaron las compensaciones correspondientes para reparar los daños al erario público. El Gobierno del Principado garantiza que será firme en esta exigencia.
  • El Ejecutivo también colaboró con la aportación de importante documentación, como los contratos realizados con las empresas implicadas desde 2003. Asimismo, se facilitaron medios técnicos, incluidos los que fueron precisos para la celebración y cobertura informativa del juicio.


"El Ejecutivo quiere también defender el trabajo y dedicación de los funcionarios de la Administración del Principado. La existencia de inadmisibles conductas aisladas en absoluto empaña su buena labor", concluyen.

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