El exconsejero José Luis Iglesias Riopedre prevaricó para favorecer a la empresa Igrafo y para dar trabajo a su hijo. Recibe una condena de dos años por un delito continuado de prevaricación, en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil y fraude a la administración, y otros cuatro por cohecho, más dos inhabilitaciones para cargo público por ocho y diez años. Además, deberá pagar una multa de 400.000 euros. El tribunal le exime de otros delitos que se le imputaban, como malversación de fondos públicos, tráfico de influencias o exacciones ilegales. Sin embargo, la pena impuesta es muy inferior a la solicitada por la Fiscalía y el Principado, que era de diez años, y las acusaciones populares, que llegaban a treinta años.
Las escuchas telefónicas demostraron que era Riopedre era conocedor y consentidor de los contratos amañados a Igrafo, por ello se le condena en calidad de cooperador necesario. En varias conversaciones se le escucha pidiendo trabajo para su hijo, que tenía una empresa geotérmica. Los contratos de estudios geotérmicos en varios centros escolares fueron fruto de estos esfuerzos.
En el juicio, Riopedre no quiso responder a las preguntas de las acusaciones y en el interrogatorio de su defensa admitió que había pedido trabajo para su hijo a Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, debido a la amistad de años que les unía, aunque nunca a cambio de favores. No se ha demostrado que Riopedre se beneficiase personalmente con cantidades de dinero, aunque Igrafo le pagó dos viajes a Tenerife y Barcelona. El exconsejero, que era considerado como un político de honradez extrema, mostró su extrañeza cuando le dijeron que esos viajes los había pagado Muñiz.
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