El Gobierno del Principado celebró ayer como una victoria propia las condenas a los principales encausados en "Marea", entre ellos los antiguos altos cargos de las administraciones gobernadas por el PSOE a los que ayer el consejero de la Presidencia aludió sin nombres, citando a "personas que han tenido responsabilidad". En los delitos y en los Gobiernos. "Deben pagar", abunda Guillermo Martínez, "no sólo con la pena de cárcel, también con el resarcimiento" del quebranto económico ocasionado al Principado y hasta con la reparación "del buen nombre y el buen hacer de sus más de 25.000 empleados públicos".

A la vista de las penas, el portavoz del Gobierno regional incluye entre los hechos probados que "las condenas demuestran que la corrupción tiene castigo en Asturias" y recuerda una y otra vez la posición del Ejecutivo como acusación particular en "Marea". En esa condición, destaca, el Principado pedía "penas iguales o superiores a las determinadas en el fallo y nunca inferiores a lo solicitado por la Fiscalía". La representación jurídica de la administración no tiene previsto recurrir la sentencia, pero sí "iniciar todos los trámites en ejecución de sentencia para resarcir de los daños al Principado".

Martínez reproduce los mantras recurrentes del Gobierno al hablar del caso, su negativa a pactar con las acusaciones y su convicción de que "hemos actuado con firmeza, siendo los primeros en denunciar estos hechos ante las instancias judiciales". Protegiéndose contra la oleada de peticiones de cuentas políticas que ayer mismo desató la oposición, con el foco apuntando al expresidente Vicente Álvarez Areces, el Consejero se aprestó a replicar que "fue el de Areces el Gobierno que puso estos asuntos en manos de la justicia" y no admitió "ninguna duda sobre la posición del PSOE ni sobre su reacción ante cualquier caso de corrupción, la más severa del arco parlamentario", remata. Martínez presume de "colaboración con la justicia" y precisa, por si acaso, que los únicos culpables "están señalados en el fallo judicial". También rechaza las acusaciones de laxitud señalando hacia la comisión de investigación e identificando "avances en transparencia y rendición de cuentas. Hay nuevos sistemas, controles para que estos hechos no se repitan", remata.