Cuando estalló el "caso Marea" hubo lágrimas en la tercera planta de la Consejería de Educación. Impresionaba el desaliento, superada ya la fase de incredulidad, en el que cayeron algunas de las personas del entorno laboral más o menos cercano al consejero Riopedre. Al lado, no faltó espacio para las risotadas y para los listos del "ya lo sabía yo".
Hay lágrimas tan sinceras que no admiten la menor duda de engaño. Y vinieron, además, acompañadas de un general silencio; si cabe, con alguna discreta petición a los periodistas para echar un cable, más en clave personal que política y judicial. Los que lo hicieron, y hasta donde quien firma estas líneas pudo saber, jamás recibieron un mínimo agradecimiento de los principales encausados. Aquel silencio también fue significativo y sirvió para sacar alguna que otra conclusión anticipada.
La irrupción de la Justicia dejó mudos a muchos. A los acusados, que no buscaron los medios para defenderse ¿de qué? A los que en sus cercanías políticas temieron acabar en el banquillo y verse salpicados por una gestión que hizo aguas hasta lo grotesco. A los que, finalmente, con las manos muy limpias, se vieron engañados y estafados. Se dice que mejor que hablen los jueces, pero en el fondo a menudo se calla porque no hay nada que decir.
La sombra del "caso Marea" revolotea desde hace mucho tiempo por la Administración asturiana, que se ha vuelto más precavida, a veces hasta la desesperación. Marea ha sido también una coartada perfecta para evitar determinados compromisos. "Es que tras lo de Marea, esto no se puede". Antes sí; ahora, no. Entre Marea y la crisis, cualquier inanición quedaba largamente justificada. Sorprende la psicopatía pendular de algunas administraciones, que pasan de no enterarse de nada, ni siquiera de lo evidente, a utilizar el microscopio.
Los sindicatos docentes, entidades muy necesarias con tradicional propensión a la incontinencia verbal y escrita, mostraron entonces, tras la detención del principal responsable de la enseñanza asturiana y de su número dos, una llamativa discreción. En los últimos tres años de mandato como Consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre se había convertido en el blanco de las furibundas críticas sindicales por cuestiones que tenían que ver con las condiciones laborales de los docentes. Es su misión, no conviene olvidarlo, aunque en ocasiones los grados de esas críticas hayan sido discutibles.
La sentencia conocida ayer, que impone duras penas a los principales encausados, tampoco movilizó dialécticamente a los sindicatos. Emma Rodríguez, en este caso en calidad de representante de SUATEA, fue tan elegante como sigue: "lamentamos la lentitud de todo el proceso y lo que tardó en llegar la sentencia. Y esperamos que todo esto sirva para que no se vuelva a repetir y que se reafirme la transparencia y el respeto hacia la escuela pública".
Hasta aquí la cita, que muy probablemente podrían suscribir todas las siglas de la Junta de Personal Docente no Universitario. Lo de la tardanza, en especial.
El silencio sindical contrasta con el cacareo político. Mundos distintos, a veces dispares. Toda acción sindical tiene una vertiente política, en la medida que busca incidir en la gestión de lo público, pero lo sindical y lo político trabajan en frecuencias diferentes.
Marea queda lejos en el tiempo, pero nadie lo olvida en el Principado. La dimensión de la sentencia del caso en las informaciones de los medios nacionales fue ayer muy escasa, entre otras cosas porque este país rezuma tanta corrupción que esto de Riopedre, Otero, Renedo y los inefables empresarios conseguidores es noticia de segunda división B. El listón informativo está muy alto y el umbral corruptor asturiano es de andar por casa.
Pero cuánto daño hecho y por hacer. La corrupción tiene ese punto de impudor que deja con todas las vergüenzas al aire a sus protagonistas. Algunas sesiones del juicio fueron casi pornográficas desde el punto de vista ético. ¿Es posible que chanchullos tan de brocha gorda hubieran pasado inadvertidos para tanta gente durante tanto tiempo, incluso para quienes trabajaban a seis metros de los principales acusados?
La respuesta es obvia, como los hechos se encargaron de demostrar.
