El Gobierno del Principado se dice en disposición de tender una mano hacia la oposición para reforzar los mecanismos de lucha contra la corrupción yendo incluso más allá del texto de la Ley de Transparencia que apadrina el Ejecutivo y se tramita en la Junta. Con el fallo del "caso Marea" todavía caliente, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, prometió ayer "todos los esfuerzos" para "reforzar lo que en nuestro planteamiento es una oficina anticorrupción". Utilizó deliberadamente Martínez la terminología de Podemos, de la ley que la formación morada propuso y encalló en el parlamento, antes de proponer sin citarlos a ellos ni a IU diálogo en una materia que ha tensado hasta el extremo las relaciones dentro de la izquierda asturiana.

Llega la oferta poco después de que la coalición y los morados hayan avanzado en la presión al Gobierno en este terreno. Llega también con el ruido de fondo de las condenas de "Marea" y la valoración monolítica de un Ejecutivo que defiende a capa y espada su actuación y la del que presidió Vicente Álvarez Areces, bajo cuyo mandato se desató el escándalo recién sentenciado. Al volver a valorarlo, ayer, Guillermo Martínez, hizo un primer cálculo del resarcimiento de daños que le satisfaría. Sin cerrar la cifra hasta poder leer la sentencia, el Principado calcula que exigirá de los condenados "no menos de cinco millones de euros". La aproximación de Martínez es una estimación "prudente" de lo que se reclamará "como mínimo" y se basa, según el Consejero, en la suma de "lo sustraído" por la antigua alta funcionaria Marta Renedo con el quebranto causado por la exdirectora general de Planificación Académica María Jesús Otero. Nada calcula sobre el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, sobre el que recuerda que hay una causa abierta en el Tribunal de Cuentas en la que el Principado reclama 200.000 euros. Nada aún tampoco sobre posibles peticiones de ejecución de las penas de prisión.

Pone el Consejero el énfasis, no obstante, más en el resarcimiento del quebranto económico que en la cárcel para los implicados y da por cierto que los controles administrativos son más férreos ahora que cuando se detectaron las tropelías de los condenados. Martínez incluye entre los hechos probados la certeza de que "Marea" fue "un caso aislado", "no una trama u organización numerosa como se ha querido plantear desde algunas organizaciones políticas" y asegura que con los mecanismos de control reforzados de hoy "sería prácticamente imposible que se repitiera". A la crítica del PP replica que "es un sarcasmo" en boca de "un partido de corrupción sistémica".