No hay dos casos iguales, pero sí retrasos equiparables. El fallo de "Marea", cuando el caso cumplía casi exactamente siete años y siete meses desde la denuncia que lo desencadenó, aproxima al mayor proceso asturiano contra la corrupción a la élite de la demora judicial en España. No ha llegado a los once años de la resolución del "caso Nóos", ni a los algo más de nueve de la primera sentencia de la trama "Gürtel" valenciana, pero si se salvan las enormes diferencias de complejidad y ramificaciones entre unos y otros, la versión asturiana resiste, en su nivel, la tendencia al retraso que denuestan con intensidad expertos juristas.
A su escala, se acerca sin llegar del todo a algunos de los grandes hitos del retardo. Se aproxima más a los casi ocho años de "Malaya", la trama de saqueo urbanístico en Marbella (2005-2013), que a los cinco (2007-2012) que tardó en llegar la primera resolución del "caso Palma Arena", el que ha abierto las puertas de la cárcel para el exministro y expresidente balear Jaume Matas. Un lustro es un lujo en la justicia del retraso, pero aquí la comparación resulta particularmente inexacta, dado que el emblema de los casos de corrupción en Mallorca se ha fraccionado en un racimo de 26 piezas cuyo lento camino hacia la recta final apenas ha roto a caminar. Al resto de "Gürtel" también le restan muchos pasos, el de los ERE de Andalucía partió en 2009 y va por el sexto año de instrucción...
El asunto asturiano, ausentes de su tramitación las ramificaciones geográficas hacia el extranjero que complicaron la instrucción de otros grandes casos, consumió tres años y medio en la instrucción, otros tres en una generosa fase intermedia ralentizada con alegaciones y recursos y cuatro meses de juicio. Después de un año y un mes más para redactar la resolución, llegados hasta septiembre de 2017 desde el 3 de febrero de 2010, fecha de la denuncia que activó la "Marea", hay fallo, pero aún no sentencia. La fundamentación jurídica se toma unos días más, hasta el jueves.
Nada nuevo. El retraso es uso y costumbre permanente en la persecución judicial de la corrupción en España, el gran baldón que señalan con persistencia juristas persuadidos de que la demora resta eficacia a la acción judicial. Concurren en estos supuestos la enorme complejidad de las tramas, su facilidad para enredar la madeja de acusados y la repercusión de cada paso, pero también la recurrencia de la queja de los jueces por escasez de medios o personal cualificado a su cargo y además, según algunas fuentes, un sistema judicial muy garantista en el que la posibilidad de recurrirlo casi todo demora inevitablemente los procesos.
El caso es que el retraso judicial es motivo de crítica permanente en el abordaje de la corrupción. Pasa ahora que se amontonan los casos, pero también en algún asunto sonado de la prehistoria reciente. El del terrorismo de los GAL consumió 15 años entre los ochenta y los noventa, Filesa y la financiación del PSOE necesitaron seis en los noventa, y nueve la intervención de Banesto.
La comparación de "Marea" con su entorno en la extensa geografía de la corrupción en España no estaría completa sin un vistazo a la severidad de las penas. Los nueve años y seis meses de la máxima -la de la exdirectora general María Jesús Otero- rebasan los seis años y tres meses de Iñaki Urdangarín por "Nóos", o los seis rebajados a dos meses de Matas, pero no los trece años de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez en la trama "Gürtel".
