Entre la impresión de que hay muchos turistas y la cuenta de resultados de los alojamientos existen varios matices atenuadores, pero el más repetido este verano cuando hablan los representantes del sector turístico es la competencia de de la vivienda vacacional de alquiler entre particulares. En concreto el ilegal, el que persiste al margen de la legislación ahora que el decreto autonómico que las regula en el Principado está cumpliendo un año en vigor. Para que se vea de qué habla, José Luis Álvarez Almeida precisa que no puede tener datos exactos, pero de entre los que sí maneja ofrece dos: "A nivel nacional, el 28 por ciento de los 70 millones de turistas extranjeros que entraron en España en 2016 no se alojó en ninguna plaza hotelera o turística oficial". Más cerca, en Llanes, la asociación turística local ha calculado que tienen "15.000 plazas legales y otras 15.000 todavía por legalizar".

La cuenta del Principado, mientras tanto, resume el primer año del decreto repasando su actividad sin referencia alguna a la imposición de sanciones. Contabiliza en este periodo 640 altas de viviendas legalizadas para el uso turístico que sumadas a las 470 registradas conforme a la legislación anterior da un total de 1.110. En cualquier búsqueda por las plataformas pueden encontrarse bastantes más. Para hacer frente a la evidente proliferación de la que se alquila al margen de la ley, el Gobierno regional tiene abierta desde el pasado enero "una línea de inspección digital" en los portales que comercializan estas viviendas para "divulgar el contenido de la nueva norma" y "retirar del mercado, en la medida de lo posible, la publicidad de establecimientos ilegales". Los resultados, dicen, se sustancian en la revisión de 700 anuncios publicados en siete grandes plataformas, que "están colaborando con el Principado", y en 491 inspecciones físicas de viviendas.

Nada sobre sanciones. Si hay algún reproche en la valoración de Almeida, éste constata que "tenemos que ser inflexibles"; pero, más que en la activación de las sanciones, en su divulgación, de modo que los propietarios sepan "cuál es la multa que puede llegar a tener, cuáles son las consecuencias de hacer las cosas mal".