La Fiscalía pide tres años de prisión para cada uno de los tres acusados de explotar laboralmente a doce personas extranjeras en situación ilegal en su empresa de cubos de basura de Oviedo y de falsificar documentación. La acusación particular solicita una pena mayor, de seis años. La vista oral está señalada para el lunes y miércoles en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo. El dueño y dos socios de Cubo Express deberán indemnizar a los afectados, naturales de Senegal, Brasil y Ghana, con más de 6.133 euros.
La Fiscalía sostiene que los tres acusados, defendidos por los abogados Ana Boto y José Manuel Fernández González, emplearon a personas extranjeras "a sabiendas de su situación irregular por carecer de permiso de estancia, residencia y trabajo, y abusaron de la misma imponiéndoles condiciones de trabajo muy gravosas, no abonándoles la totalidad de las horas trabajadas" y sin vacaciones.
El juicio de Igrafo
Por otra parte, el juez ha decido suspender el juicio al dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz -condenado a 6 años y 6 meses en el "caso Marea"-, que se iba a celebrar el lunes por cinco delitos de fraude contra la Hacienda Pública. La suspensión de la vista se realizará por "un plazo razonable para el examen documental" de una información de más de mil folios que llegó el pasado lunes a las partes, según dice el abogado Miguel Valdés-Hevia. Se trata de la misma prueba clave que no se incorporó en el juicio y que obligó a anularlo en mayo.
