La reclamación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) de la funcionaria interina y a la vez diputada regional por el PSOE Margarita Isabel Vega González, ha logrado que la Justicia europea reconozca el derecho de los funcionarios interinos a pedir excedencia por servicios especiales.

A Margarita Vega se le había denegado el reconocimiento de la situación de servicios especiales con el que podría volver a su posición de funcionaria interina una vez expirado su actual mandato en la Junta General del Principado siempre que el puesto no hubiera sido suprimido o cubierto por un funcionario de carrera.

Vega recurrió entonces al juzgado contencioso administrativo número 1 de Oviedo, que a su vez preguntó al tribunal con sede en Luxemburgo si una norma regional que impide a los funcionarios interinos el reconocimiento de la situación de servicios especiales se opone al principio de no discriminación y si esta situación está incluida en el término "condiciones de trabajo" del acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada.

Y el TUE ha contestado dando la razón a la reclamante. La abogada general de Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Eleanor Sharpston, determinó ayer que un funcionario interino tiene el mismo derecho que un funcionario de carrera a obtener una situación de servicios especiales y posteriormente recuperar su puesto.

El acuerdo marco al que hacía referencia en su pregunta el juzgado contencioso administrativo de Oviedo, establece que "no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas".

Sharpston afirma que la situación a la que da lugar la normativa asturiana "puede disuadir a los funcionarios interinos de presentarse candidatos a las elecciones, lo que, a su vez, puede tener un impacto negativo en la diversidad y representatividad del órgano legislativo".

En relación al caso de la diputada asturiana, adscrita al Servicio Público de Empleo del Principado, la UE considera que "podría ser comparada con una funcionaria de carrera que desempeñe sus mismas labores" y que "no se aportaron documentos que justifiquen la diferencia de trato".