Los funcionarios de Justicia amenazan con ir a la huelga el próximo 2 de octubre si el Principado no rectifica antes para mejora su oferta del complemento específico que, por ahora, cifra en 90 euros a pagar en dos años. La negociación entre los sindicatos del sector y la Dirección General de Justicia quedó rota ayer tras una reunión "breve y decepcionante", según fuentes sindicales.

Los sindicatos del grupo de trabajo esperaban una oferta al alza respeto a la que realizada en junio por Justicia y Función Pública pero se encontraron con una propuesta "incluso peor", que consiste en el pago de un complemento de 90 euros mensuales en un plazo de dos años; es decir, hasta enero de 2019 los 1.300 funcionarios de la justicia asturiana no tendrían esa subida en sus nóminas. Esa cifra está muy por debajo de las expectativas de los trabajadores del sector, los únicos que no cobran dicho complemento de todas las comunidades donde está transferida esa competencia.

Los representantes sindicales plantearon en la mesa de negociación que en la comunidad vecina de Cantabria el importe de ese complemento ha superado los 400 euros en un plazo de cuatro años y en La Rioja ha sido de 170 euros y con el compromiso añadido de que los empleados de Justicia también cobrarían otro complemento por la carrera profesional, que tampoco perciben los funcionarios de Justicia.

Ante la falta de respuesta a las reivindicación salarial, la plataforma sindical de Justicia de Asturias, compuesta por CC OO, STAJ, UGT y Usipa registró ayer mismo el preaviso preceptivo de "huelga indefinida" en la justicia asturiana a partir del próximo 2 de octubre. El sindicato CSIF, que en los últimos meses ha organizado concentraciones y mantenido reuniones con varios grupos parlamentarios para exponerles esta reivindicación salarial, también ha solicitado a la presidenta de la junta de personal funcionario su inclusión en el comité de huelga, ya que apoya esta movilización. El preaviso de huelga suele ser una herramienta utilizada por la parte sindical para forzar una posición negociadora en los conflictos laborales enquistados o bloqueados. En el caso de que no haya un acercamiento entre las partes, el paro afectaría tanto a los juzgados de toda la región como a las instancias de la Audiencia y el Tribunal Superior.