El Principado ha abierto al menos 52 expedientes sancionadores tras visitar 377 pisos y casas turísticas que no estaban dadas de alta en el registro, tal y como exige el decreto en vigor en la región. Además, se encontraron en las plataformas digitales 707 anuncios de viviendas turísticas ilegales, por lo que se abrieron 90 expedientes y el resto se están investigando.

Estos son algunos de los datos facilitados recientemente por el Principado a la patronal del turismo asturiano, Otea, que exige sanciones "ejemplares" a los propietarios de las viviendas que se alquilan de manera irregular al considerar que es una competencia desleal que perjudica no sólo al sector, sino al conjunto de la economía regional, "a la que le conviene mantener un turismo de calidad". Las multas pueden oscilar entre los 60 y los 60.000 euros e incluso, en los casos más graves, conllevar el cese del negocio.

Desde la entrada en vigor del decreto en agosto de 2016 se han dado de alta en el registro de negocio turístico más de mil arrendadores. Según los datos facilitados por el Ejecutivo regional, en la región están dadas de alta unas 738 viviendas vacacionales, que es como se denomina a las que se alquilan íntegramente y no por habitaciones, y unas 300 como de uso turístico, es decir, pisos que se pueden arrendar en su totalidad o por habitaciones.

Todas ellas deben cumplir una serie de requisitos. El primero, estar dadas de alta en el registro de empresas y actividades turísticas del Principado, lo que ya le obliga a tener seguro de responsabilidad civil, realizar un contrato en el que queden registrados los datos del cliente, garantizar las reservas y cancelaciones, publicar los precios y fechas de aplicación, y exhibir la placa con el código concedido por el Ejecutivo regional para desarrollar la actividad.

El problema surge con los arrendamientos que no están registrados y que se anuncian en portales de alquiler en Internet, una oferta que ha provocado enormes problemas en otras comunidades autónomas, como Baleares, Madrid y Cataluña, aunque en Asturias no se percibe aún con tanta gravedad.

Sin embargo, estos alquileres ilegales han hecho que los empresarios del ramo y los propietarios de las viviendas y pisos regularizados, y que por tanto cumplen la normativa y pagan impuestos, desentierren el hacha de guerra. "Sabemos que el turismo está cambiando y que los que viajan buscan cosas diferentes. Pero si la presión va en aumento y cada vez se exige más a los profesionales del ramo, es exigible que se persiga a quienes se saltan la ley. Es muy fácil ganar dinero sin tener que dar garantías de servicio ni de calidad y sin pagar impuestos", razonan desde el sector.