Cada asturiano tendrá que pagar 7,84 euros más en 2020 por la tasa de recogida y tratamiento de basuras, según la previsión de la consejería de Medio Ambiente. El titular de este departamento, Fernando Lastra, matizó ayer a los alcaldes de la región, con motivo de la presentación de la revisión del Plan Estratégico de Residuos 2017-2024 -ahora en fase de alegaciones-, que la tarifa no se triplicará, ya que el objetivo es pasar de reciclar las 74.059 toneladas actuales de desechos a las 317.789 dentro de tres años. Este salto conllevará una reducción de la bolsa negra en casi la mitad. El coste por año y por habitante será por tanto de 32,12 euros cuando en 2015 era de 24,28.
La tarifa por vivienda, que ahora es de 72,84, subirá a 96,35 euros. Lo que aumenta es básicamente la tasa de tratamiento por tonelada, es decir, la producción de combustible sólido recuperado (CSR) por primera vez en España. El plan del Principado prevé aprovechar este combustible químicamente para la obtención de bietanol o etanol, o quemarlo para producir energía. En este sentido, el consejero Fernando Lastra dijo estar dispuesto a "incorporar todas las alternativas sensatas y útiles" que se presenten.
Para avanzar en el objetivo del reciclaje, que según la normativa europea debe ser del 50% en 2020, los ayuntamientos abogan por premiar antes que castigar, aunque no descartan multar si las medidas incentivadoras no funcionan. "No nos gusta sancionar, pero si es necesario lo haremos, porque está en juego nuestro sistema medioambiental", expresó el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y alcalde de Navia, Ignacio García Palacios. Durante la reunión, celebrada en la sede ovetense de la federación, el Consejero reiteró una vez más que la gestión de los residuos es "un gran problema de Asturias" en el sentido de que no sólo afecta al Principado, sino a los ayuntamientos y a los ciudadanos. Ese mensaje caló perfectamente entre los regidores, quienes reconocieron el "importante papel" que tienen las administraciones locales en fomentar el reciclaje. "Los consistorios deben liderar e incentivar la recogida de residuos separados", destacó Ignacio García. El cómo hacerlo "es una discusión que está abierta", como expresó el propio Lastra, aunque las medidas coercitivas están encima de la mesa. "Tenemos que ponernos las pilas en reciclaje", defendió el presidente de la FACC.
La alcaldesa de Carreño -uno de los municipios más próximos al basurero de La Zoreda-, Amelia Fernández, hizo hincapié en que el plan "pretende disminuir el vertido en un 75% de lo que se venía haciendo hasta ahora". "Esperemos que esta reducción de residuos que van al vertedero redunde, a su vez, en una disminución de las molestias sobre las parroquias de Carreño afectadas: Ambás y Tamón", expresó la regidora. Por su parte, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, manifestó que el reto del reciclaje es "un problema de todos" y ello supondrá que las "administraciones más cercanas a las ciudadanos deben cumplir su papel", basado en la "complicidad y en compartir esfuerzos".
