El consenso entre los seis partidos del parlamento asturiana ante la reforma de la financiación autonómica peligra incluso antes de que empiece la negociación. La presidenta de Foro, Cristina Coto, anunció ayer que no acudirá a la reunión convocada para el próximo martes por la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, porque todavía no cuenta con un informe sobre los costes de los servicios públicos, que el parlamento asturiano requirió al Gobierno regional en mayo. Los foristas llevan pidiendo ese informe desde 2012.
"No participaremos en más tertulias fotogénicas con la financiación autonómica como telón de fondo mientras el Gobierno no presente el informe sobre los costes reales de los servicios asturianos", confirmó ayer Cristina Coto, quien sostiene que dicho análisis ha de ser "la base de cualquier reivindicación en defensa de los intereses de Asturias pero seguimos sin esa información". La dirigente forista reconoce la complejidad de ese informe pero sostiene que "no es ningún posible". El pleno del parlamento asturiano aprobó el pasado 12 de mayo, a petición de Foro, la elaboración del informe sobre los costes reales de los servicios en Asturias. Coto atribuye a la "holgazanería" la respuesta del Gobierno regional de que ese estudio debe hacerlo una institución independiente en el ámbito estatal".
La reforma del sistema de financiación autonómica "sería el monotema" en la agenda política española de no estar por medio el desafío independentista en Cataluña, según reconoció el propio presidente del Principado, Javier Fernández en el pleno del pasado viernes. Aunque ahora haya quedado relegada, la negociación política sobre el nuevo modelo de financiación se reactivará en cuanto se despeje la crisis catalana y para cuando llegue ese momento Asturias debe tener una estrategia definida que le garantice los recursos necesarios para el sostenimiento de los principales servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales). El dinero procedente del sistema de financiación autonómico supone, aproximadamente, el 75 por ciento del presupuesto anual del Principado.
El Gobierno regional inició en 2014 las reuniones informativas con los grupos políticos de la Junta General para, llegado el momento de la negociación, consensuar una posición de región, blindada de las inevitables disputas partidistas. A diferencia de otras comunidades autónomas, como la vecina de Castilla y León, en Asturias no ha habido ningún pleno para abordar la postura del parlamento autonómico ante la reforma del sistema de financiación.
La Conferencia de Presidentes, celebrada en enero de este año, supuso un punto de inflexión para la elaboración de un nuevo sistema de financiación, ya que acordó la constitución de una comisión de expertos, propuestos por las autonomías y el Gobierno central. Ese grupo de trabajo elaboró un informe, tras varios meses de reuniones, y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que dirige el economista asturiano Ángel de la Fuente, realizó luego una serie de simulaciones, tomando de base dichas propuestas, en las que se concluye que con el nuevo modelo habría seis autonomías que saldrían beneficiadas respecto al sistema actual (Madrid, Valencia, Cataluña, Andalucía, Murcia y Canarias) mientras que el resto, incluida Asturias, perderían recursos. El Principado vería menguar en 137 millones los recursos que recibe anualmente del Estado, según el estudio de Fedea.
