La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ya ha notificado a un millar de familias las nuevas liquidaciones correspondientes a la estancia de sus mayores en geriátricos públicos o concertados entre los años 2007 y 2011. Esta revisión afecta a aquellas personas a las que en ese periodo de tiempo no se les haya aplicado la ley de Dependencia en el pago por la estancia en dichos centros pese a tener reconocido el derecho, más beneficioso económicamente.

La consejera titular del área, Pilar Varela, respondió así en el Parlamento asturiano al diputado del PP Matías Rodríguez Feito, quien criticó en la Comisión de Servicios Sociales que el Principado estaba trasladando por vía ejecutiva liquidaciones con recargos del 10 por ciento, lo que provocó que liquidaciones de 14.000 euros "a familias humildes" se elevasen hasta los 16.000 euros. Varela replicó que eso depende de Hacienda, no de la Consejería.